No obstante que el principal compromiso de gobierno y de campaña del Presidente Andrés Manuel López Obrador fue combatir y prevenir actos de corrupción e impulsar la transparencia, particularmente de los funcionaros de su gobierno, a 100 días de haber asumido el cargo ha hecho todo lo contrario en materia de compras y licitaciones públicas, siendo señalado su gobierno de opacidad y falta de cumplimiento de la ley de la materia, en virtud de que más del 74% de las compras gubernamentales se han hecho directamente.
La prestigiada organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) denunció recientemente en un comunicado que la administración de AMLO ha incumplido con la obligación de realizar licitaciones públicas en la gran mayoría de las compras gubernamentales, privilegiando las adjudicaciones directas en un 74.3%, como lo hicieron en su último año los dos sexenios anteriores, Enrique Peña Nieto (76.2% y Felipe Calderón 67.7$), a quienes ha criticado severamente por corruptos.
A pesar de que la ley indica que se deben privilegiar las licitaciones públicas, las compras y contrataciones en este gobierno se han realizado mediante adjudicaciones directas, agrego, como se acredita en la plataforma Compranet, en la que se aprecia la desproporcionada diferencia con las que se han asignado mediante licitación, colocándose en la misma categoría en este terreno que los mencionados expresidentes que abusaron del medio de compra que la ley señala como excepcional. Al respecto, MCCI confirma que de 28,458 operaciones subidas a la plataforma en los primeros 116 días del actual gobierno, sólo en el 18.3% se utilizó licitación pública y en el 7% invitación restringida.
Como se señala en el comunicado, no estamos hablando de temas menores, ya que los contratos de los estudios para el Tren Maya son por 90.8 millones de pesos y la adquisición de 671 pipas para el abasto de gasolina es por 1,765 millones de pesos y 7 contratos de Pemex de “invitación restringida” suman 44 mil millones de pesos.
En la misma dirección, Irene Levy, Presidenta de Observal, criticó la falta de transparencia en la compra de las pipas para supuestamente dar solución al problema del reparto de combustibles, que además se hizo con asignación directa, sin explicaciones y sin dar cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, señalo en entrevista con Carmen Aristegui, criticando igualmente el hecho de que se hayan comprado en Estados Unidos y no en el mercado nacional y que con la distribución de las Tarjetas del Bienestar, ocurrió algo similar al encargarlas a Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, empresario televisivo, ahora aliado y consejero de AMLO, que en una asignación directa, sin licitación, se convirtió en el único banco con esta delicada y “jugosa” responsabilidad.
La también integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) explicó que en la Ley de Adquisiciones y en la misma Constitución se establece, como regla general, la licitación pública y sólo como excepciones –establecidas en la misma ley–, la adjudicación directa o la invitación a tres personas.
No hay que olvidar que uno de los principales espacios para que se generen actos de corrupción es el de las compras y contrataciones que realiza el gobierno y que existe consenso entre los especialistas y estudios de la materia en todo, en el sentido de que una de las principales herramientas para cerrar las ventanas de oportunidad de corrupción gubernamental, es la adopción del método de licitaciones abiertas y transparentes.
Además, con esta conducta el Presidente incumple con su obligación y compromiso de respetar y hacer respetar la ley, y como juarista que es debería poner en práctica uno de los más grandes legados del Benemérito de las Américas cuando dijo: “La Ley es mi Espada y mi Escudo”.
