Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación en el periodo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció en contra del “veto ejecutivo” aprobado por el actual Congreso de Sonora.
Sánchez Cordero expresó su rechazo vía Twitter: “Lo aprobado por El Congreso de Sonora pretende regular materias que escapan de su competencia”.
Apuntó que dichas modificaciones son contrarias “a diversos precedentes” de la Suprema corte de Justicia de la Nación y “contravienen disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Asimismo, dejó en claro que se tomarán las acciones necesarias para determinar su constitucionalidad.
Lo aprobado por el Congreso de Sonora pretende regular materias que escapan de su competencia, son contrarios a diversos precedentes de la @SCJN y contravienen disposiciones de la CPEUM. Dado lo anterior se harán valer las acciones necesarias para revisar su constitucionalidad.
— Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) 9 de agosto de 2018
Antecedentes
El pasado 8 de agosto, el Congreso de Sonora aprobó algunas modificaciones a la Constitución del estado, mediante las cuales el Congreso local decidirá la creación o eliminación de dependencias; ejercerá libertad presupuestaria; creará una “agenda legislativa conjunta con el Ejecutivo”, con el fin de tutelar las acciones de los congresistas; y podrá decidir la sustitución del gobernador cuando acumule 90 días de faltas absolutas y temporales, con lo cual el Congreso local podrá elegir al próximo mandatario local; entre otras atribuciones.
Las polémicas reformas fueron aprobadas por el Congreso local en sesión extraordinaria.
Los votos a favor estuvieron a cargo de la mayoría priista, los legisladores del Partido Acción Nacional, así como los del Partido Nueva Alianza. A favor también votó el diputado exmorenista José Ángel Rochín López, quien fue expulsado del partido fundado por López Obrador como consecuencia de su decisión.
Cabe recordar otro caso similar al del Congreso de Sonora: el también priista Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, presentó al Legislativo de su estado una iniciativa para modificar 47 artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo con el objetivo de limitar las facultades del Presidente en dicho estado y excluirlo de la tutela parlamentaria en el refinanciamiento de la deuda.
