Marco A. Ríos
- El reglamento no apuesta al orden y es la llave para abrir la puerta a la corrupción.
- Volveremos masivamente al arreglo con una “mordida” entre el policía y el infractor.
- El Reglamento no contempla reglas a favor de los ciclistas, ni sanciones para quienes no respetan a los peatones.
Todavía no entraba en vigor el nuevo Reglamento de la Ciudad de México y ya se habían alzado muchas voces que lo cuestionaban y calificaban de ser un instrumento recaudatorio del Jefe de Gobierno del GDF, más que una propuesta de mejor movilidad. Una de ellas fue la Senadora del pan, Mariana Gómez del Campo Gurza, quien denunció que el exceso de multas resulta violatorio del artículo 22 constitucional, al no existir una relación entre las conductas y los montos de las sanciones.
Además, logró un punto de acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno, a prorrogar su entrada en vigor 60 días, tiempo en el cual, dijo, se podría socializar las nuevas disposiciones mediante una amplia campaña de difusión de su contenido. Explicó que los 500 mil ejemplares que se distribuyeron no son suficientes; además la norma se impuso unilateralmente sin previa consulta ciudadana, por parte del Gobierno del Distrito Federal; sin tomar en cuenta el Artículo 46 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal el cual dispone que el seguimiento evaluación y control de la política, los programas y proyectos en materia de movilidad y seguridad vial, se realizarán entre otras herramientas, mediante la realización de encuestas y consultas ciudadanas. Por eso, el Senado exigió al Dr. Miguel Ángel Mancera la suspensión de la norma hasta corregir las inconsistencias, reclamo al que se han sumado algunos diputados de la ALDF que piden prorrogar su entrada en vigor prevista para el 15 de diciembre de 2015, petición que finalmente no fue concedida por el Dr. Mancera ya que en esa fecha entró en vigor el reglamento.
Aunque la Senadora Gómez del Campo ha reconocido algunos aciertos en la norma, destacó que el Jefe de Gobierno no ha explicado los criterios que se tomaron en cuenta para incrementar las multas y disminuir los límites de velocidad, argumentando qué no hubo una coordinación con la Comisión Metropolitana de Transporte y Vialidad (COMETRAVI) en su elaboración. Reveló que tan sólo de 2009 a 2014, el monto de multas en la Ciudad de México recaudadas pasó de 121.9 millones de pesos a 505 millones de pesos, por lo cual se espera duplicar o triplicar la recaudación a partir del 2016. “Este reglamento no apuesta al orden y es la llave para abrir la puerta a la corrupción.” Gómez del Campo considera que el principal problema es que fomenta la corrupción debido al alza exagerada en las multas, pues será mejor para el ciudadano “arreglarse” con el agente de tránsito. Es decir, que los incentivos son al revés: “Desgraciadamente vamos a volver masivamente al arreglo con una mordida entre el policía y el infractor.” Por ejemplo, dijo, bajar los límites de velocidad es la prueba más clara de que este gobierno ve en el reglamento de tránsito una mina de oro, y más que querer ordenar las vialidades del Distrito Federal, y dar coherencia al tema de la movilidad, está totalmente volcado a la recaudación de recursos.
Otro aspecto denunció, es de los ciclistas, en el que la nueva norma capitalina se quedó corta. Según informó, el número de accidentes ha crecido 133% al pasar de 89 a 207, tan sólo en 2015, en donde además, se han registrado 17 muertes. El reglamento no tiene fuerza en materia de ordenamiento a favor de los ciclistas ni en las obligaciones de éstos, incluso no contempla las sanciones para quienes no respetan a los peatones, los semáforos ni las banquetas. “La mayor sanción será cuando embistan a un peatón y a petición de éste deba ser llevado ante el Juez Cívico quien podrá imponer una multa o arresto administrativo hasta de 24 horas.” Una tercera deficiencia, denunció la Senadora por el DF, es que no se tomó en cuenta la COMETRAVI fue creada para contar con los mecanismos y coordinación entre Distrito Federal y el Estado de México sobre problemas de transporte y vialidad.
El principal problema del nuevo
reglamento es que fomenta la corrupción
debido al alza exagerada en las multas.
Exigirán, adelantó la Senadora, que una vez realizadas las correcciones a la norma de transporte y vialidad se someta a consulta ciudadana para que los capitalinos lo conozcan y se les escuche. No queremos un reglamento, dijo, a capricho del Jefe de Gobierno, que solamente esté recaudando en lugar de estar pensando en cambiar la cultura sobre movilidad en la Ciudad de México. La autoridad capitalina antes de pensar en sanciones, debería trabajar en mejorar la calidad de vida de los policías y en dignificar su labor, sostuvo la legisladora. Es importante, comentó, que quienes hagan bien su trabajo sean mejor remunerados y quienes no, sean dados de baja o cambiados de actividad.
La Senadora aseguró que propondrán al Jefe de Gobierno la creación de un programa por parte de la Contraloría del Distrito Federal, dirigido a la ciudadanía por medio del cual pueda denunciar abusos de agentes de tránsito ante multas indebidas. Ejemplificó el caso con el problema generado por el sistema de grúas, el cual acusó, es un negocio que no está sometido a controles ni a transparencia. Por último, informó que exigirán se implemente una campaña para dar a conocer el contenido del reglamento antes de su entrada en vigor, al considerar que son muchos los temas que la ciudadanía, propiamente los automovilistas desconocen.
