Una gran parte del electorado votó en México por la esperanza y la expectativa de ver un cambio en el país que revierta los graves niveles de inseguridad, violencia, impunidad y corrupción que estamos viviendo y volteó hacia el candidato de Morena que ofrecía un combate directo a estas calamidades que azotan al país entero.
Por ello, AMLO ganó con una amplia ventaja la elección presidencial al enarbolar el cambio que la sociedad mexicana reclama. Pero la gente también votó para que ese cambio se genere en el marco del país democrático, de instituciones y de leyes que hemos edificado varias generaciones de mexicanos.
Desde que asumió su mandato, el presidente anunció varias medidas que pusieron en alerta al sector productivo y a los inversionistas nacionales y extranjeros; básicamente, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, gradualmente siguió la incertidumbre por sus continuos desplantes de autoritarismo, dejando atrás su compromiso que asumió durante su gobierno “al margen de la ley nada; por encima de la ley nadie”.
Por ejemplo, el 21 de enero, con un memorándum ordenó la compra directa de 571 pipas a empresas de EU, con un costo de 85 mdd y el 14 de febrero ordenó que durante su administración a ninguna organización de la sociedad civil se le transfirieran recursos públicos.
Tratando de solucionar el conflicto magisterial de sus aliados electores de la CNTE, el 16 de abril emitió otro memorándum dirigido a sus secretarios de Gobernación, Hacienda y Educación, ordenándoles no acatar algunas disposiciones relativas a la Reforma Educativa que se encuentran vigentes en la Constitución Federal y en la Ley General de Educación.
Esta acción es una aberración jurídica y democrática porque AMLO carece de facultades para suspender cualquier precepto o principio de la constitución y de cualquier ley vigente, ya que el único medio que existe en un Estado Democrático de Derecho es a través de una derogación que realice el órgano legalmente competente, que es el Poder Legislativo y no el Ejecutivo. Así, con el memorándum se está violando la División de Poderes, extralimitándose en sus atribuciones e invadiendo facultades. Es decir, que se pretende arrogar facultades legislativas extraordinarias que no le pertenecen, ni están previstas en nuestro marco legal.
Como nunca antes durante esta joven administración, una acción de AMLO había concitado tanta crítica, al grado de que prácticamente la totalidad del gremio jurídico y académico nacional y los empresarios (incluida la CNDH) le han pedido que retire su memorándum por ser ilegal y por las implicaciones políticas que tiene, además de atentar contra nuestro régimen democrático, insistiendo que en una democracia que se jacte de serlo, ningún gobernante puede dejar de aplicar una ley vigente por el simple hecho de que no le gusta o no le parece razonable, haciendo a un lado los procedimientos legales y los órganos competentes establecidos para ello.
La única respuesta de López Obrador frente al cuestionado memorándum es que prefiere privilegiar justicia sobre ley, “que si hay que optar entre ley y justicia, él se decide en favor de la justicia” (su justicia), insistiendo en tener facultades para ello. Este juicio de valor es muy delicado al pretender anteponer la justicia (su visión de justicia) al mandato de la ley.
Los mexicanos nos hemos empeñado desde hace varias décadas en consolidar una real Cultura de la Legalidad, es decir, del cumplimiento irrestricto de la ley, como el único medio efectivo para alcanzar el México seguro, próspero, igualitario y en paz al que aspiramos.
Por ello, es preocupante que a escasos cinco meses de haber asumido el cargo, AMLO insista en apoyar su gestión en acciones que contravienen no sólo la ley, sino también a la Constitución. Alguien debería explicarle la existencia y el significado del milenario principio general del Derecho, proveniente del Derecho romano que dice: “Dura lex, sed lex”, que significa “la ley es dura, pero es ley y debemos cumplirla”.
