Debido a la propagación del coronavirus en el mundo, los empresarios se vieron forzados a cambiar las rutinas y estrategias de trabajo para acatar las medidas de distanciamiento social; proteger a su personal de posibles infecciones y, a su vez, mantener en la medida de lo posible su productividad.
BC&B, firma legal y de negocios, considera que ante el actual contexto es importante reflexionar sobre las posibles implicaciones que podría tener el COVID-19 en la implementación de las relaciones laborales con los trabajadores, así como ser un parteaguas para retomar o plantear nuevas propuestas de legislación laboral como podría ser el caso del home office.
De acuerdo con el estudio de PwC, CFO Pulse: Impactos financieros del COVID-19 en empresas mexicanas, el 64% de los directores de finanzas consideran que el trabajo remoto llegó para quedarse, ya que apostarán por mantener esta medida cuando se decrete el retorno a las oficinas.
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“Aunque el home office ha sido una herramienta útil en el confinamiento, no ha sido fácil para todas las empresas adaptarse por la serie de retos que representa y el surgimiento de dudas respecto a cómo será la dinámica, una vez las actividades presenciales sean reanudadas” indicó Emilio Gárate, socio de BC&B.
En México, el pasado 19 de junio de 2019 el Senado había aprobado la propuesta de Alejandra Reynoso Sánchez (PAN) para reformar el artículo 311 sobre el trabajo a domicilio y adicionar el capítulo XII Bis a la ley Federal del Trabajo para regular y promover el teletrabajo o home office como una prestación laboral; sin embargo, fue rechazada por la Cámara de Diputados.
Si bien la iniciativa buscó abordar temas relevantes como la congestión urbana, problemas ambientales, beneficios laborales para trabajadores y empresarios; retos tecnológicos y comunicativos; gestión de servicios financieros; privacidad y control de información, así como el impacto socioeconómico y laboral de emergencias sanitarias o desastres naturales, es fundamental tener en cuenta la complejidad que implica trasladar lo práctico a lo legislativo y, viceversa.
Los beneficios que podrían obtenerse son menos gastos personales para los trabajadores (pasajes, comida, vestimenta, etc.), más oportunidades de trabajo, trayectos más cortos de traslado y un mejor balance entre la vida privada y laboral. Sin olvidar que, aumentaría la productividad interna y externa de las empresas, disminuirían gastos corporativos y contarían con un equipo de trabajo más grande, diverso, calificado y motivado.
Sin embargo, dentro de las desventajas podrían generar dudas e incertidumbre sobre temas de ciberseguridad; menor acceso a capacitaciones; percepción de una falta de desarrollo profesional, aumento en pagos de servicios como luz e internet, problemas psicosociales como el aislamiento y las líneas difusas entre la vida laboral y privada.
Asimismo, habría que reflexionar en torno a cómo serían reguladas y aplicadas las prestaciones de ley obligatorias como son la seguridad social, aguinaldo, días de descanso, vacaciones, prima vacacional, prima dominical, prima por antigüedad, pago de utilidades, licencia de maternidad y paternidad, licencia por adopción, lactancia, gestión de incapacidad, finiquito laboral y liquidación.
Sin embargo, no hay que dejar de lado que hay, y no solo en México, dos tipos de culturas empresariales: las pymes y las multinacionales, las cuales podrían requerir conceptualizar y aplicar de manera distinta la dinámica del teletrabajo o home office, ya que cada una atiende y resuelve sus necesidades de diferente manera.
“Si bien hay sectores que se han visto beneficiados y aumentaron su productividad por el confinamiento, la mayoría han sido afectados negativamente. Por lo que, es un momento coyuntural importante para replantear y proponer iniciativas en torno a alternativas de forma de trabajo que permitan afrontar en un futuro situaciones similares a la que estamos viviendo”, añadió Gárate.
