Con un nuevo Programa de Trabajo, se puede apreciar que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) continúa arduamente su compromiso para lograr una solución consensuada y a largo plazo para 2020, en relación con los desafíos fiscales que supone la digitalización de la economía global.
El pasado 31 de mayo de 2019, la OCDE publicó un Programa de Trabajo para Desarrollar una Solución Consensuada a los Desafíos Fiscales derivados de la Digitalización de la Economía (Programa de Trabajo). En dicho documento se detalla el plan que la mencionada organización seguirá en lo que resta de 2019 y durante 2020 para concretar las propuestas que pretenden resolver los desafíos fiscales que se han exacerbado con la economía digital. El Programa de Trabajo fue respaldado por los ministros del G20 en la reunión que tuvo lugar en Fukuoka, Japón, en junio de 2019.
Antecedentes
Desde que surgió el Proyecto BEPS, en 2013, (proyecto contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios), la OCDE y los países del G20 se han mostrado sumamente preocupados por las planeaciones fiscales altamente agresivas de ciertas empresas multinacionales que, aprovechándose de disparidades y ventajas de las leyes fiscales nacionales de distintos países, eluden el pago de impuestos, específicamente el impuesto sobre la renta.
No obstante, la Acción 1 del Proyecto BEPS sólo permitió identificar los desafíos fiscales que supone la digitalización de la economía y concluir que la digitalización ha permeado toda la economía en el mundo, pero sin proponer soluciones al respecto. Por ello, la OCDE estimó necesario realizar trabajos adicionales sobre este tema.
En materia de Impuesto al Valor Agregado, la OCDE emitió unas directrices en 2017 (International VAT/GST Guidelines), recomendando la utilización del principio de destino. Dicho principio implica que el impuesto al valor agregado o el impuesto sobre bienes y servicios (en otros países), grava el consumo final que tiene lugar dentro de una jurisdicción determinada.
Asimismo, la OCDE dio a conocer en 2018 el Informe Provisional Desafíos Fiscales derivados de la Digitalización. Dicho informe contiene un análisis profundo de los modelos económicos y de creación de valor derivados de la digitalización e identifica las características que se observan frecuentemente en ciertos modelos económicos altamente digitalizados.
Posteriormente, a finales de enero de 2019, la OCDE publicó una Declaración Política en la que estableció dos partes o “pilares” centrales para la discusión internacional: el primer pilar se enfoca en la modificación de las reglas existentes que distribuyen la potestad o jurisdicción tributaria entre los países (nexo o criterio de sujeción y atribución de beneficios o utilidades). El segundo pilar combate la erosión de la base a través de dos grupos de reglas interrelacionadas que permitan a los países actuar cuando los beneficios o utilidades no se gravan o son gravados a tasas muy bajas en otras jurisdicciones.
Acto seguido, en febrero de 2019, la OCDE publicó el Documento de Consulta Pública Abordar los Desafíos Fiscales de la Digitalización de la Economía, invitando a cualquier interesado a enviar sus comentarios sobre las propuestas planteadas. Al respecto, se recibieron más de 200 documentos con comentarios de las propuestas, formulados por asociaciones, cámaras de comercio, empresas multinacionales, despachos, académicos, entre otros. Dichos comentarios resaltan las preocupaciones más significativas que requieren ser analizadas y discutidas exhaustivamente, antes de modificar la normatividad fiscal internacional.
Programa de Trabajo
En este sentido, el recién publicado Programa de Trabajo de la OCDE define claramente los puntos que deben ser analizados por los 129 países miembros del Marco Inclusivo de BEPS para lograr un consenso respecto de la “nueva jurisdicción tributaria” que se pretende implementar. En general, el objetivo de las propuestas es permitir mayor jurisdicción tributaria a los países en donde se encuentran los clientes o usuarios en la jurisdicción del mercado, a pesar de que las empresas no tengan presencia física en dichos países.
“El problema es mucho más complejo, pues implica modificar las bases fundamentales sobre las que descansan las reglas de fiscalidad internacional. Esto afecta no sólo a las empresas altamente digitalizadas, sino a cualquier empresa en general.”
Es muy importante resaltar que todas estas nuevas propuestas que pretenden modificar las reglas en materia fiscal internacional, son muy delicadas y complejas, por lo que requieren la participación de expertos en distintas materias, incluyendo economistas, contadores y abogados, entre otros. Además, la OCDE está trabajando en evaluaciones de impacto y análisis económicos de las propuestas, pues sus consecuencias para los países pueden ser determinantes.
Por ello, la discusión internacional no sólo se centra en cobrar impuestos a las grandes empresas de tecnología (como Uber, Facebook, Google y Amazon), que aparentemente eluden el pago de impuestos. Lo cierto es que el problema es mucho más complejo, pues implica modificar las bases fundamentales sobre las que descansan las reglas de fiscalidad internacional. Esto afecta no sólo a las empresas altamente digitalizadas, sino a cualquier empresa en general.
Consecuentemente, aunque la tentación sea grande por la premura de gravar algo que aparentemente no está pagando impuestos, los legisladores mexicanos deben tener prudencia y esperar pacientemente los resultados del enorme trabajo especializado que ha venido encabezando la OCDE. De lo contrario, el riesgo de imponer un impuesto desproporcionado, que incluso exceda la utilidad o beneficio económico obtenido por una empresa, es enorme. Además, se podrían transgredir los principios fundamentales del sistema fiscal mexicano e inclusive los tratados internacionales suscritos por México.
La propia OCDE insiste en que las medidas unilaterales y descoordinadas (como podría ser la implementación de un mal llamado “impuesto digital”) pueden aparejar cargas administrativas innecesarias, complejidad, inequidad, doble o múltiple tributación e incertidumbre legal, además de que impactan gravemente la inversión y el crecimiento.
Por esta razón, una vez delineada una solución por la OCDE en 2020, México debe analizar si la propuesta final realmente lo beneficia en lo particular, y no sólo en términos estrictamente recaudatorios. En la actualidad, la situación económica del país ya es complicada, por lo que no sería conveniente agravarla más ahuyentando la inversión extranjera.
