En el caso de las estancias infantiles, la secretaría de Bienestar y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) rechazaron la recomendación de la CNDH por considerarla una aberración.
El argumento de las dependencias es que aceptarla sería permitir el robo de mil 49 millones de pesos al erario.
Las dependencias aseguran que existen intereses políticos detrás de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y acusan “defiende violaciones a derechos humanos y la corrupción”.
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La Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo una recomendación emitida el 31 de mayo de 2019 en la que pide a La Secretaría de Bienestar, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, restituir a los niños y a los padres, así como a los responsables y trabajadoras de estancias infantiles, los derechos que fueron violados a partir de la emisión de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Bienestar y la disminución del presupuesto de esta estrategia.
Argumentos
La respuesta fue enviada el 21 de junio en un oficio firmado por la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, explicó que al entregar los recursos a las estancias el único beneficio a los padres era el tiempo para que pudieran acceder o permanecer en un trabajo remunerado. Y con la entrega de recursos directo a los padres les da la posibilidad de elegir los servicios de cuidado, incluso puede ser un familiar.
El recurso que se entrega es de mil 600 pesos bimestrales por niño.
La secretaría del Bienestar desecha la recomendación de la CNDH por considerar que vela por los intereses económicos de las estancias infantiles y no pondera el derecho de los padres y los niños.
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Plantea que el cambio de nombre de la estrategia no significa su cancelación, y reitera que ellos salvaguardan los derechos de los niños y el recorte no causó ninguna afectación.
Por su parte, el DIF explica que no acepta la recomendación porque el nuevo programa sí atiende el interés superior de los niños y sus padres. Agrega que la CNDH no justifica porqué considera que la entrega directa de recursos no es un mecanismo idóneo.
Las dependencias cuestionan el papel de la CNDH en los sexenios anteriores: “Nunca exigió justicia”, señalan, en el caso de la Guardería ABC, mencionan “se esmeró en ocultar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y de innumebables casos de violaciones a los derechos humanos”.
