En la conferencia mañanera organizada en Palacio Nacional, por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se dio a conocer que quien implemente el “outsourcing” o subcontratación ilegal de trabajadores dentro de sus empresas, con el fin de evadir pagos a trabajadores o al Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede ser denunciado y castigado de 14 a 20 años de prisión, así lo declaró Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación.
Para respaldar esta iniciativa, estarán trabajando en conjunto las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; por su parte, el mandatario mexicano indicó que 14 mil empresas –aproximadamente- despidieron a toda su nómina en diciembre de 2019, lo que representa 60 mil trabajadores, aunque en total fueron destituidas 380 mil personas ese mes.
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Por su parte, Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda, expuso que estas reformas darán pie a catalogar como delincuencia organizada a aquellas instituciones que mantengan esquemas de outsourcing ilegal.
«El delincuente puede ser sancionado con prisión preventiva oficiosa y condenado hasta 14 años en la cárcel (…) Es importante que dejen de prestar ese servicio. Esto ya cambió», sentenció Romero Aranda acerca de este tema que ha estado en la mira de diversos funcionarios en los últimos meses.
Por último, López Obrador dijo que “las irregularidades en contrataciones laborales tienen que ver con todas las prácticas que vienen de tiempo atrás para no reconocer los derechos de los trabajadores”; ante el hecho, exhortó a los empresarios a tener “dimensión social”, para que, de esta manera, se cumpla íntegramente con los derechos de los asalariados.
