La construcción de los gasoductos Tuxpan-Tula y Tula-Villa de Reyes está detenida ya que la empresa TransCanada nunca buscó el apoyo de las autoridades estatales en la negociación con ejidatarios y tampoco levantó alguna denuncia contra quienes frenan las obras, aseguró por escrito el Gobierno de Hidalgo.
Sin embargo, TransCanada confirmó a Reforma que desde enero de 2017 buscó al Gobierno del Estado para solucionar los conflictos con los ductos, que hoy en día tienen un retraso de 56 meses.
En respuesta a lo escrito por el gobierno de Hidalgo TransCanada declaró, «Es incorrecto que la empresa no ha recurrido a acciones legales para hacer valer sus derechos; ha habido tanto presentaciones de amparos contra resoluciones municipales, como colocación de denuncias penales y de acciones civiles previstas bajo el marco de la ley de hidrocarburos».
Señaló que a petición del mismo Secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, se abstuvieron de tomar contacto directo con los municipios y comunidades que presentan los conflictos en los últimos meses.
Vargas Aguilar mencionó que el conflicto que hoy en día sigue teniendo la canadiense por el freno del gasoducto, no es competencia del Estado, al ser un contrato de índole privado, llevado a cabo entre TransCanada y la CFE, el Estado únicamente toma el papel de «tercer interesado», y recalcó que, así como TransCanada, otras empresas como ATCO y Cemex, quienes también se han visto afectadas en el desarrollo de sus proyectos por abusos de cobros en municipios y amparos de ejidos inconformes por el pago de sus tierras, nunca levantaron una denuncia formal ante ningún representante del Gobierno del Estado.
