La crisis de Wall Street en 1929, dio origen a la necesidad de transparentar las operaciones societarias y responsabilizar a los administradores y directivos frente a los accionistas por sus prácticas de negocios ante la preocupación sobre cómo se presentaba la información de la empresa, si se maquillaba la contabilidad, se ocultaban pérdidas, o se constituían sociedades para propósitos especiales[1].
Por ello, en la década de los 30 se desarrollaron los principios aplicables a las empresas que sentaron las bases para el concepto de “buen gobierno corporativo”. Richard Eells fue el primero en utilizar la terminología “gobierno de la buena empresa o gobierno corporativo” en 1960[2]. En la actualidad este concepto se ha extendido más allá de los accionistas, directivos y administradores para regular la manera en la cual la empresa gestiona sus vínculos con partes interesadas (acreedores, clientes, apoderados, trabajadores, proveedores, autoridades y terceros).
El gobierno corporativo es el sistema a través del cual los negocios son dirigidos y controlados; especificando la distribución de derechos y responsabilidades entre los diferentes participantes en la corporación, tal como el consejo, dirección, accionistas y otros grupos de poder; definiendo las reglas y procedimientos para la toma de decisiones en los temas corporativos; y proporcionando la estructura a través de la cual los objetivos de la compañía son fijados, así como los medios para lograr esos objetivos y controlar la rentabilidad[3].
El gobierno corporativo, es obligatorio en México para las sociedades que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores identificadas también como empresas públicas[4]. Por otro lado, las empresas del sector financiero y personas morales que realizan actividades vulnerables[5] junto con los grupos empresariales más destacados del mercado, han adoptado estas medidas para demostrar el cumplimiento de obligaciones frente a las autoridades que regulan las actividades del ramo financiero, sobre todo en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Aunque la aspiración es que todas las personas morales implementen el gobierno corporativo, la dificultad para su instalación se presenta en las mipymes[6] por la falta de recursos para pagar emolumentos a consejeros no accionistas que sean independientes[7].
En la segunda parte de este artículo se continuará el desarrollo de este tema y las consecuencias que tiene el concepto en el desarrollo de las actividades de una persona moral durante su vigencia.
[1] LÉON TOVAR, SOYLA H. y GONZÁLEZ GARCÍA HUGO, Sociedades Mercantiles e Introducción al Derecho Mercantil, Editorial Oxford, Primera Edición, Ciudad de México, 2018, p. 358.
[2] MUÑOZ ORELLANA, CLERMONT, “Buen Gobierno Corporativo = Competitividad”, Disponible en: http://www.espae.espol.edu.ec/wp-content/uploads/2011/12/buengobiernocorporativo.pdf
[3] OCDE. Principios de la OCDE para el gobierno de las sociedades. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. París. 1999.
[4] LÉON TOVAR, SOYLA H. y GONZÁLEZ GARCÍA HUGO, Op. Cit., p. 359.
[5] Actividades o profesiones no financieras designadas catalogadas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
[6] Micro pequeña y mediana empresa
[7] LÉON TOVAR, SOYLA H. y GONZÁLEZ GARCÍA HUGO, Op. Cit., p. 360.
