La inclusión del líder minero Napoleón Gómez Urrutia (a) Napito, en los primeros lugares de la lista de senadores plurinominales de MORENA, ha generado múltiples críticas a AMLO, quién asegura que lo retirará de la lista sólo si se acredita que cometió actos de corrupción.
Las críticas tienen su base en el hecho que el líder minero ha sido objeto de varias acusaciones, particularmente de un fraude por 55 millones de dólares, supuestamente cometidos en agravio de los trabajadores de ese sindicato, por lo que se emitió una orden de aprehensión en su contra, motivando que se fuera a Canadá, donde solicitó y obtuvo asilo político y la nacionalidad de ese país.
Y según datos proporcionado por el Secretario del Trabajo, Roberto Campa Ciprián, aún se encuentran recursos pendientes de ser resueltos en este caso por la Suprema Corte de Justicia. Independientemente de que podría ser rechazada esta candidatura por las autoridades electorales por no cumplir con el requisito legal de la residencia o por tener doble nacionalidad (mexicana y canadiense), el costo que está pagando AMLO por esta decisión parece ser muy elevado y contrario a la nueva imagen de prudencia y tolerancia que mostró en la etapa de precampaña.
La reunión con los empresarios en Monterrey así lo demuestra, ya que lo recibieron con mucha «frialdad» y le cuestionaron por pretender llevar a Gómez Urrutia al senado para darle fuero y así impunidad, ya que sigue siendo considerado un prófugo de la justicia.
En condiciones similares, intelectuales y académicos reconocidos como Jacqueline Peschard y Denise Dresser lo han criticado, al grado de haber afirmado esta última que fue en desatino de AMLO haber incluido a tan controversial personaje para ser senador. Otro hecho que abona a las críticas es el desafortunado comentario que hizo Alfonso Romo -el empresario más cercano a AMLO-, quien comparó al líder minero con Nelson Mandela.
