La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó un dictamen para establecer que le corresponde al Senado de la República y a la Cámara de Diputados, con el equivalente al 33 por ciento de sus integrantes, interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de las adiciones o reformas a las constituciones de las entidades federativas.
Los senadores explicaron que la acción de inconstitucionalidad constituye uno de los más importantes medios de control en el sistema jurídico mexicano.
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El proyecto que reforma el artículo 105 de la Constitución Política permitirá al Congreso de la Unión acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revisar la contradicción, además de las leyes emitidas por el Congreso de la Unión y los tratados internacionales, las adiciones o reformas a las constituciones de las entidades.
Otorgar a la representación política la posibilidad de recurrir al Máximo Tribunal para que determine la constitucionalidad de una norma aprobada por las mayorías de los congresos, significa hacer de la Carta Magna el único punto de referencia para la convivencia de grupos o actores políticos, señalaron los senadores.
La Comisión de Puntos Constitucionales, también avaló un cambio al artículo primero de la Constitución para establecer que las autoridades del Estado mexicano promoverán, respetarán, protegerán y garantizarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
