Se realizó en el Senado de la República el “Ciclo de Conferencias: Mecanismos alternativos de solución de controversias”, una serie de ponencias a distancia en la que expertas y expertos dialogaron sobre la construcción de un nuevo ordenamiento que dé certeza jurídica a estos mecanismos.
En la conferencia, la consejera de la Judicatura Federal, Loretta Ortiz Ahlf consideró que el principal objetivo de la nueva legislación debe ser la homologación de principios, procedimientos y conceptos para su funcionamiento en todo el país.
No existe unidad de criterios o estándares mínimos aplicables a la formación y certificación de mediadores lo que dificulta que el país comparta un lenguaje común sobre estos mecanismos, indicó.
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Una Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias tendrá que establecer los principios y las bases de estos mecanismos entre los tres órdenes de gobierno, definir sus modalidades, instaurar criterios básicos de organización en los centros que se realicen y las competencias de los profesionales que a ello se dediquen, así como construir una política de difusión para que toda la ciudadanía conozca estas alternativas, señaló.
En su oportunidad, Luis Hernández Palacios Mirón, procurador Agrario, dijo que es necesario ampliar los medios alternativos para la solución de controversias de los conflictos agrarios, ya que sólo de este modo se puede garantizar la sana convivencia y la paz social.
Aunado a ello, aseguró que todas las reformas jurídicas deben acompañarse de una política social que garanticen claridad y ausencia de formalismos, para que a través de la equidad y del diálogo puedan establecer la dirección y tutela del Estado en las controversias.
En su participación, Ana Elena Fierro Ferráez, profesora investigadora y coordinadora de la Maestría en Administración y Políticas Públicas del CIDE, pidió analizar la posibilidad de que se puedan conciliar algunas cuestiones administrativas, es decir, que se apliquen estos mecanismos a conflictos entre una autoridad y un particular.
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Dijo que antes de implementar la Ley debe hacerse un análisis de impacto regulatorio, pensando en cuánto va a costar, cuántos casos llegarán y de qué tipo, cuántos conciliadores necesitan y cómo los van a capacitar. También, indicó la académica, en caso de que prospere la jurisdicción, ésta tendrá que aplicarse gradualmente, ya que implica costos y cambios importantes en las rutinas burocráticas.
Por su parte, Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que la impartición de justicia a nivel federal y en los estados está colapsada y en crisis por una excesiva acumulación de juicios.
Celebró que el Congreso de la Unión analice la iniciativa de mecanismos alternativos de solución de controversias, pues este ordenamiento ayudará a tener una justicia pronta y completa.
