Samuel Sánchez Reyes, quien fuera supervisor jurídico en el anterior sexenio, fue promovido en la nueva administración pese a que validó cuestionados contratos para la empresa Odebrecht informa Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
El actual Subdirector jurídico de Pemex, Samuel Sánchez Reyes validó, a finales de 2016, un convenio a favor de Odebrecht según consta en nuevos documentos obtenidos por MCCI.
A través de ese convenio, Pemex renovó a Odebrecht un contrato por 1,939 millones de pesos en Tula, pese a que en ese momento ejecutivos de la constructora brasileña ya habían confesado que obtuvieron la obra mediante sobornos.
En expedientes que fueron desclasificados a petición de MCCI, y que formaban parte del caso Odebrecht que había sido declarado bajo reserva por 5 años por Pemex y por la Fiscalía General de la República, aparece la firma del actual funcionario federal como aval en casi todos los contratos y ampliaciones asignados directamente a Odebrecht en el anterior sexenio.
El jefe de la oficina de sobornos de Odebrecht, Hilberto Mascarenhas, confesó el 22 de noviembre de 2016 ante las autoridades de Brasil que había obtenido la obra en Tula con pagos ilegales y a las dos semanas Petróleos Mexicanos firmó un convenio para refrendarle el contrato, con el aval de Sánchez Reyes como el responsable de la revisión jurídica del acuerdo.
El 15 de febrero de 2014, por ejemplo, Sánchez Reyes firmó como supervisor jurídico un contrato por 1,436 millones de pesos para que Odebrecht hiciera obras de acondicionamiento para la modernización de la refinería de Tula.
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Ocho meses después, el 20 de noviembre de 2014, el mismo funcionario firmó como supervisor jurídico una ampliación del contrato por 339 millones 531 mil pesos.
El 29 de mayo de 2015, Sánchez Reyes volvió a firmar una segunda ampliación a Odebrecht, ahora por 521 millones 53 mil pesos, con lo que el contrato original se elevó a 2,315 millones de pesos, 61% más que lo asignado.
Dos investigaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y por la Secretaría de la Función Pública detectaron actos de corrupción en la ejecución de esa obra, como sobrecostos y pagos en exceso.
La ASF determinó que el daño al erario fue por 1,191 millones de pesos. De ese monto, 936.8 millones de pesos corresponden a costos de obra fuera de mercado; 240.8 millones a sobreprecios en materiales e insumos y 13.6 millones por pagos indebidos en la adquisición de herramienta y equipo de seguridad.
