La reciente aprobación fast track en la Cámara de Diputados de una reforma que pretende eliminar el fuero de los altos funcionarios gubernamentales, incluidos el Presidente, consejeros, senadores, diputados, gobernadores, ministros, magistrados y presidentes municipales, representa un acto demagógico e irresponsable, con tintes electoreros, cuya autoría asumen los candidatos de las principales fuerzas políticas para obtener votos. Como señaló acertadamente el reconocido jurista Diego Valadés, “se trata de una decisión precipitada que puede conducir a la ingobernabilidad”.
En efecto, el fuero constitucional (o parlamentario) es una de las instituciones que históricamente han servido para la consolidación de los Estados democráticos contemporáneos, particularmente para construir una real división de poderes, con pesos y contrapesos. Surgió como una piedra angular del parlamentarismo moderno, a fin de propiciar gobernabilidad y evitar que los “caprichos del rey” afecten a los propios gobernantes de los otros poderes y que los ciudadanos sean víctimas de abusos de poder. Es decir, que el correcto uso del fuero abona a la estabilidad del Estado, evita enfrentamientos y que los funcionarios, durante su encargo, no se distraigan al enfrentar acusaciones de enemigos políticos o injustas persecuciones. El fuero es también indispensable para que los legisladores ejerzan su libertad de expresión y no sean perseguidos por sus ideas o por sus intervenciones en tribuna al criticar al gobierno, a los poderosos, a otros partidos o al oponerse a nombramientos de jueces y consejeros. Desde luego que la sociedad está cansada de funcionarios que se escudan en el fuero para delinquir y quedar impunes, por lo que es urgente revisarlo, acotarlo y replantearlo. Es más viable agilizar el trámite para retirarlo a quienes cometen conductas ilícitas bajo su protección, pero no desaparecerlo de un plumazo, sin mayor argumentación que la lucha contra la corrupción. Es preciso encontrar un “justo medio” que garantice la independencia de los parlamentarios, de los jueces, de los alcaldes, y que no sea un medio de impunidad en caso de que cometan delitos y puedan ser ágilmente separados de sus cargos y procesados.
Tratar de eliminar el fuero es no entender la importancia de garantizar la independencia que deben tener legisladores y jueces, incluso el titular del Ejecutivo, frente a inconformes o fuerzas políticas opositoras. Imaginemos a un Presidente de la República sujeto a restricciones en su libertad, libre tránsito o en su actuación, por órdenes de jueces locales, en lugares gobernados por la oposición. Si lo observamos en perspectiva, frente a los casi 6 mil servidores públicos federales, estatales y locales que permanentemente gozan de fuero, los nueve desafueros aplicados durante el siglo pasado y lo que va del presente resultan insignificantes.
El primer desafuero se llevó a cabo en 1909 contra el diputado José López Portillo y Rojas (abuelo del exPresidente José López Portillo), quien perdió el fuero para ser procesado por fraude. Otros casos destacados son: en 1935, contra el senador Manuel Riva Palacio, por conspirar contra la presidencia de Lázaro Cárdenas; en 1983, contra el senador Jorge Díaz Serrano, ex Director de Pemex, por un fraude de 5 millones de pesos contra la paraestatal; en 2004 le tocó el turno a René Bejarano Martínez, entonces colaborador cercano de López Obrador, por la revelación de unos videos donde se le implica recibiendo dinero del empresario Carlos Ahumada; en 2005, el mismo amlo fue acusado de haber violado la suspensión de un juez federal; en 2010, al Diputado del prd, Julio César Godoy Toscano, se le eliminó el fuero porque se le demostraron vínculos con la organización criminal La Familia Michoacana; el último caso ocurrió en junio de, 2016, la implicada fue la diputada del pan de Sinaloa, Lucero Sánchez, la Chapo diputada, quien finalmente fue procesada por ingresar con documentos falsos al penal del Altiplano para visitar al famoso narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán.
Afortunadamente, el Senado frenó la minuta que propone desaparecer el fuero y ahora será motivo de un amplio debate y de un análisis profundo, una vez que concluya el proceso electoral y se instale la próxima Legislatura en septiembre. Sin justificar a los funcionarios corruptos que, amparados en el fuero, se enriquecen y cometen actos ilícitos, y justificando el malestar y la desconfianza de la sociedad en la clase política, la solución no está en suprimirlo de manera generalizada, sino en adecuarlo, acotarlo y restringirlo. Sería peligroso eliminar el fuero a todos los funcionarios que hoy lo tienen, incluidos los del poder judicial, en el contexto de violencia, inseguridad e impunidad que propicia la expansión y fortalecimiento de las peligrosas bandas de la delincuencia organizada de todo tipo que operan en todo el país, lo que seguramente nos llevaría a niveles insospechados de ingobernabilidad y a un retroceso democrático.
