Marco A. Ríos
Tienen las Víctimas un Rol
Preponderante en el Nuevo Proceso
Penal: Isabel Miranda de Wallace
- Las víctimas no deben estar en desventaja frente a los inculpados: EPN.
- Hoy la víctima tiene voz y participación activa en los procesos penales: MAM.
- El Poder Judicial deja libres a delincuentes confesos, cuando supuestamente les violan el debido proceso: IMW.
- Estamos hartos, de la impunidad, de juicios en los que ponen en libertar a los delincuentes: AMG.
En el marco de la entrada en vigor en la Ciudad de México del nuevo Proceso Penal Acusatorio, la Activista Isabel Miranda de Wallace, Presidenta de Alto al Secuestro, organizó el Foro Nacional Equidad para las Víctimas en el Debido Proceso Penal, con el propósito de analizar el rol que deben tener las víctimas en el nuevo proceso penal. El objetivo central del evento fue recoger las experiencias en esta materia de académicos, dirigentes sociales, comunicadores y operadores del sistema, para evidenciar cómo a pesar de la nueva normatividad, existente una gran desigualdad en la protección de los Derechos Humanos (DH) de las víctimas y concientizar sobre la necesidad de que sean aplicados realmente los nuevos estándares legales en esta materia.
El Foro fue inaugurado por el Presidente Enrique Peña Nieto, asistiendo a la ceremonia también el titular de SEGOB, Miguel Ángel Osorio Chong, el Comisionado Nacional de Seguridad, Alejandro Rubido García, el Coordinador Nacional Antisecuestro, Renato Sales Heredia y el Dr. Miguel Ángel Mancera, Jefe del GDF.
Los especialistas, las autoridades federales y locales que participaron en las 5 mesas de trabajo coincidieron en que es urgente establecer dentro del recién estrenado Código Nacional de Procedimiento Penales, un espacio digno a las víctimas. Los dirigentes de las organizaciones sociales criticaron a las autoridades ministeriales por que no sólo niegan la igualdad de los derechos de las víctimas, sino que, por el contrario, frecuentemente realizan una re-victimización a quienes han sufrido un delito, negándoles un efectivo y pronto acceso a la justicia. El reclamo más recurrente durante el encuentro fue la incipiente capacitación a policías y ministerios públicos en temas tan delicados como la debida atención que merecen las víctimas. Otra de las exigencias que hubo fue el abuso del tema de derechos humanos para los imputados o delincuentes quienes, amparados en las argucias legaloides de sus defensores, obtienen su libertad.
Durante su discurso, el Presidente Peña Nieto defendió el trabajo realizado por el Gobierno Federal para la protección de las víctimas, asegurando que en los últimos años se ha actualizado el marco legal e institucional en favor del respeto y la protección de sus derechos. Este cambio de fondo, refirió, se sostiene en 3 grandes avances jurídicos: la transición hacia el Sistema de Justicia Penal Acusatorio; la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos (DH); y la Ley General de Víctimas, promulgada en enero de 2013. “Queremos un México de orden, de seguridad; un México en el que no haya corrupción y en el que no haya impunidad; es decir, que se sancione a todo aquel que cometa un delito”, aseguró. Reconoció que pocas cosas pueden ofender tanto a una persona como el hecho de que, después de aguantar la indiferencia de servidores públicos, las largas esperas y el abrumador papeleo, su agresor quede, lamentablemente, en libertad. Por ello, resaltó la importancia del Foro que convocó a ciudadanos, a representantes de organizaciones de la sociedad civil, a medios de comunicación y a autoridades estatales y federales para compartir un compromiso esencial: mejorar la justicia en México. Y un paso necesario para lograrlo, destacó Peña Nieto, es asegurar la equidad en el debido proceso penal, que las víctimas no estén en desventaja frente a los inculpados; es decir, frente aquellos que son acusados de haber sido los que cometieron un delito.
El Presidente de la República externó su reconocimiento a la Señora Isabel Miranda de Wallace, así como a Alejandro Martí García, quienes no obstante los episodios de tragedia que cambiaron sus vidas, dijo, asumieron una actitud constructiva y propositiva para hacer de su propia experiencia y tragedia, un espacio para convocar a todo aquello que permita mejorar las instituciones encargadas de seguridad, de procuración y de administración de justicia. Destacó que, si bien es cierto que ha habido avances en la disminución de varios de los delitos que asolaban a México, particularmente los homicidios, su gobierno no está satisfecho con lo alcanzado. Es en este flagelo en donde de manera más significativa y sensible se percibe una reducción. Por lo que hace a los secuestros y a las extorsiones, señaló que también hay un decremento a partir de instrumentar acciones específicas para evitar que, desde las prisiones, se cometan este tipo de delitos.
Explicó que en la transición hacia el Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral se han ampliado los derechos procesales de las víctimas, ya que: “se estableció, por primera vez, el derecho de las víctimas a recibir asistencia jurídica especializada, a contar con atención médica y psicológica, a intervenir en el proceso de investigación y juicio y a que se le repare el daño. Este es el anhelo, éste es el mandato que está en nuestra Constitución, en el marco de este nuevo sistema”. El nuevo Sistema Penal prevé una efectiva justicia y que haya procesos muchos más rápidos y expeditos. Su adecuada implementación, resaltó, “es un tema prioritario de la agenda nacional de seguridad y justicia. En las entidades federativas y a nivel federal estamos trabajando para lograr su instrumentación en todo el país a más tardar en junio del 2016, como lo prevé y mandata nuestra Constitución”.
Recordó que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales opera ya a nivel estatal en 20 entidades federativas, y desde noviembre pasado a nivel federal en los estados de Puebla y Durango. Con ello, se tiene, “un mismo proceso, un mismo procedimiento, mismas normas que regulen el proceso que se sigue a cualquier inculpado y de cualquier víctima; que sea homogéneo, que sea igual, idéntico en todo el país, y con ello evitar las distorsiones que generaba tener distintas reglas, de las que a veces se valían los inculpados para evadir la justicia”. Dijo que igualmente es útil la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, aprobada en diciembre, así como la Reforma en Materia de Justicia para Adolescentes.
Otro avance jurídico a favor de las víctimas, mencionó el Presidente Peña Nieto, es la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos. Con este cambio de fondo, la legislación nacional se puso en sintonía con los estándares internacionales en la materia. Para las víctimas, dijo, significa hacer valer los derechos contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos. En esta reforma, continuó, “también se estableció la obligación de toda autoridad de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos”.
Un tercer avance en el tema anunciado desde el inicio de su administración, comentó, es la Ley General de Víctimas. “Esta legislación establece un reconocimiento amplio a los derechos de las personas afectadas por el delito o por violaciones a sus derechos humanos. En ella se reconoce el derecho de las víctimas y sus familiares a recibir ayuda, asistencia, atención por parte del Estado, así como a ser tratadas con respeto y dignidad”, refirió. Se señala, además, el derecho a conocer la verdad sobre el delito que han sufrido, a ser informados del proceso penal en contra de sus agresores, así como a que se le repare el daño, entre otros, explicó.
El Primer Mandatario se comprometió públicamente a recoger las conclusiones del Foro y a partir de ahí, emprender iniciativas de ley ante el Congreso de la Unión que permitan mejorar el sistema de justicia. Es claro, dijo, “que los ordenamientos jurídicos, nuestras leyes, son perfectibles; no son letra última, y todos estos foros permiten enriquecer no sólo iniciativas que mejoren los ordenamientos legales, las leyes que tiene nuestro país, sino también tomar acción a partir de políticas públicas que no pasan por el Legislativo, pero que las distintas autoridades del orden federal, estatal y municipales podemos emprender sin esperar a que haya cambios de ley”.
Concluyó recordando que el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) realizará foros de discusión para definir un paquete de iniciativas que permitan mejorar la justicia cotidiana. Aquella, explicó, que implica dirimir diferencias y conflictos en el orden familiar, mercantil, civil, y que son los que tienen mayor demanda, en donde la sociedad espera de los órganos encargados de procuración y de administración de justicia que se dicte justicia rápida, pronta, expedita.
Por su parte el Jefe del GDF, Miguel Ángel Mancera se pronunció por despejar toda la efervescencia política de los ámbitos de la seguridad y destacó que para avanzar en el combate al delito, es necesario continuar en el establecimiento de las policías únicas. “Si seguimos con esa inercia, que bloquea a través de las líneas de la política el avance de nuestro país en materia de seguridad, va a ser muy difícil. Yo creo que hay que desvincular a la política de la seguridad”. Asimismo, en torno a las policías únicas, Mancera Espinosa expresó que de no avanzar de manera consistente desde este primer eslabón, será muy difícil que México registre una mejora importante. Dijo que la implementación del sistema adversarial obliga a un cambio de mentalidad y consideró que cada una de las entidades que van adoptando este sistema, deben de hacerlo con toda responsabilidad y colocar en el lugar que corresponde a la víctima. “Hoy, la víctima tiene una voz y una participación activa, diferente a la de hace muchos años en los procesos penales”. En este sentido, reconoció que hay un terreno ganado en el tema.
Debemos hacer que la
ciudadanía conozca exactamente
la dimensión de este cambio,
de la forma de trabajar en el
procedimiento y en el
proceso penal:
Miguel Ángel Mancera.
Destacó la obligación de la autoridad por brindar información a la sociedad sobre esta nueva modalidad del sistema procesal. “Debemos hacer que la ciudadanía conozca exactamente la dimensión de este cambio de mentalidad, de este cambio de la forma de trabajar en el procedimiento y en el proceso penal. Cuáles son los derechos de las víctimas; cuál es su participación; cómo es que ahora enfrentará el procedimiento penal; cómo debe acudir; qué debe hacer”. Destacó que la Cámara Alta tiene una oportunidad única de consolidar y reforzar una estrategia para que el derecho victimal sea cada vez más sólido. “Conformar un sistema judicial fuerte, es el anhelo de todos nosotros”. Mancera se comprometió, ante Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí a seguir trabajando, con ellos y con la sociedad para perfeccionar las leyes y a escuchar y aceptar todas las observaciones. “Vamos a estar en una línea de acompañamiento siempre y, por supuesto, con todo el ánimo de avanzar y de progresar. Me parece que hoy, México tiene una oportunidad y un requerimiento muy importante que se tiene que enfrentar. Y despejarlo del ámbito de la política, porque la seguridad es una preocupación de todas y de todos nosotros”.
No podemos caer en ninguna
manifestación de violencia, ya
que fue precisamente ésta
la que nos arrebató a
un ser querido:
Isabel Miranda de Wallace.
El Papel de las Víctimas Debe ser Preponderante y Central
Isabel Miranda de Wallace se pronunció por la urgencia de fortalecer las instituciones y el andamiaje jurídico para que, por medio de ellos, se diriman las controversias entre ciudadanos, se proteja al inocente y no quede impune el delito. Destacó, que el papel de las víctimas en el nuevo sistema de justicia penal debe ser preponderante y central; deben estar y ser vistos, aseveró, como parte del proceso. Por eso, exigió que la procuración y la administración de justicia actúen con equidad en todas las resoluciones y sentencias que tomen. Como primera propuesta del Foro, expuso la necesidad de modificar la Ley General de Atención a Víctimas para que éstas puedan obtener la compensación y ayuda que marca la norma en forma menos burocrática, así como trabajar junto con las instituciones federales para posicionar los derechos de las víctimas al público en general, y concientizar al personal que labora tanto en procuración como en administración de justicia. Miranda de Wallace hizo un llamado a todas las víctimas a sumarse para construir un México mejor; convocó a no ser parte de la violencia ni a tomar la justicia por propia mano al señalar: “no podemos caer en ninguna manifestación de violencia, ya que fue precisamente ésta, la que nos arrebató a un ser querido”.
Es hora que el sistema judicial
refuerce el Consejo de la
Judicatura, de constituir un
observatorio ciudadano para
revisar los procesos judiciales:
Alejandro Martí.
Miranda de Wallace pidió al Presidente Peña Nieto que, mediante un dictamen, no se lleve más de 90 días entregar las compensaciones y ayudas a la víctima. Solicitó trabajar junto con las instituciones federales para posicionar los derechos de las víctimas al público en general, y concientizar al personal que labora tanto en procuración y administración de justicia. “Lo que buscamos, indudablemente, es que los derechos de las víctimas se hagan efectivos”.
Denunció que en el Poder Judicial, dejan libres a procesados y a delincuentes confesos, cuando supuestamente les violan el debido proceso; situación que no ocurre, denunció, cuando se ha violado el debido proceso de una víctima. “En los juzgados Federales vemos letreros anunciando los derechos de los procesados, pero nunca vemos anunciados los derechos de las víctimas. Tendremos que trabajar juntos para que la Comisión de Derechos Humanos, en general, velen por los derechos de las víctimas y no únicamente de los del sistema”.
Alejandro Martí García, Presidente de México sos, subrayó que el nuevo Sistema de Justicia Penal es una esperanza real para los ciudadanos, una transformación de fondo para lograr la equidad jurídica necesaria ante los procesos judiciales en materia penal; para exigir que en el menor tiempo se resarza el daño causado en el que la víctima se coloca al centro y no al final del proceso. Dijo que la sociedad civil cree firmemente en la posibilidad de un México en donde la corrupción y la impunidad sean historia. “Ése es el México que todos los ciudadanos apoyaremos en su gestión, para que nuestra Nación se decida finalmente a cambiar”. Expresó que se tiene la gran oportunidad de contar con un México limpio, entusiasta, confiado en sus instituciones, de crecer ante la adversidad para lograr el país anhelado, sin fantasías mesiánicas, con un crecimiento sólido en lo intelectual, moral y económico. Gobierno y ciudadanía, dijo, requieren una revolución intelectual de voluntades y aspiraciones, que finque el crecimiento de todos los ciudadanos con base en el respeto a las leyes, al trabajo, a la decencia y el amor a la Patria.
Hizo un llamado al Poder Judicial para que jueces y magistrados actúen conforme a la ley, pero con la sensibilidad suficiente, porque vivimos en un país victimizado. Los ciudadanos estamos hartos, aseveró, de la impunidad, de juicios que no son ni prontos ni expeditos, pero sobre todo, de liberaciones, amparos y demás formas para poner en libertar a los delincuentes. “Hemos estado sufriendo ejemplares liberaciones que atentan contra el gran esfuerzo que hace la policía, la Policía de Investigación, los Ministerios Públicos y el Estado. Se van con un pretexto que, además, lacera, no nada más a las víctimas directas, sino a todos los mexicanos que somos víctimas indirectas de esta injusticia”. Urgen en México jueces, magistrados y ministros con un sistema de supervisión y regulación que impida el descuido, la incompetencia y corrupción. Es hora, dijo, de que el sistema judicial refuerce el Consejo de la Judicatura, de constituir un observa torio ciudadano para revisar los procesos judiciales. “Necesitamos jueces formados en el nuevo Sistema de Justicia, que garanticen los derechos de las víctimas y, efectivamente, ejerzan como jueces”.
Urgen en México jueces,
magistrados y ministros con
un sistema de supervisión
y regulación que impida el
descuido, la incompetencia
y la corrupción.
En la primera mesa denominada El Debido Proceso y la Observancia de los Derechos de las Víctimas, participaron el Dr. Elías Huerta Psihas, Presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho (ANDD); la Senadora María Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación; el Fiscal General del Estado de Chihuahua, Jorge González Nicolás; Álvaro Vizcaino, Coordinador de Desarrollo Institucional de la Policía Federal; el Magistrado José Nieves Luna Castro; Daniel Cabeza de Vaca y el Dr. Samuel González Ruiz, junto con una víctima de secuestro en Morelos, Gumercindo Jiménez. Los ponentes coincidieron en priorizar en el nuevo escenario de la justicia penal, los derechos humanos de las víctimas para que se cumplan con los principios y reglas del debido proceso, impulsando una real equidad e igualdad de los derechos de los imputados y de las víctimas, dejando atrás la práctica de ministerios públicos y jueces de únicamente atender en los procesos los derechos de los imputados. Señalaron también en forma unánime, que a pesar de los esfuerzos logrados durante los últimos años en materia de DH, todavía queda un amplio camino por recorrer; sobre todo por la falta de sensibilidad y capacitación, tanto de ministerios públicos, como de impartidores de justicia, para estar del lado de la observancia y respeto de los derechos de la víctima y no solamente del imputado.
