Desde el 16 de octubre de 2017, la Procuraduría General de la República está acéfala ante la renuncia de Raúl Cervantes Andrade, que había sido la apuesta del Presidente Enrique Peña Nieto para llegar a la Fiscalía por medio del llamado “pase automático”, planteado en la reforma del 2014.
En aquel momento, la sociedad civil jugó un papel muy importante para evitar el pase automático y forzar la renuncia del Procurador, por lo que se dio una nueva reforma al artículo 102, para finalmente cancelarlo. La minuta correspondiente fue aprobada por el Senado el 15 de diciembre de 2017 y enviada a los Congresos locales[1] para su aprobación, el 15 de agosto de 2018, en el Senado se dio la Declaratoria Constitucional correspondiente, por lo que el pase automático fue desechado.[2]
En dicha sesión, varias voces en el Senado expresaron que sería un retroceso si antes del nombramiento no se definía el diseño institucional de la nueva Fiscalía, añadieron que si el Presidente de la República enviaba una terna sin seguir lo establecido en el artículo 102, Apartado A, respecto a la consulta a las organizaciones especializadas, se volvería de nuevo a la simulación.
Al mismo tiempo, otros senadores pidieron al presidente Peña Nieto cuidar las formas. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, solicitó garantizar el cumplimiento de la Constitución para concretar lo que se concibió en la reforma al artículo 102.
Senadores salientes recordaron que la Fiscalía es un eslabón más del sistema judicial penal y de justicia penal, cuyos componentes se han visto inmersos en una ola de descréditos justificados e injustificados. Lo que México necesita, advirtieron, es una Fiscalía autónoma cuyo trabajo esté basado en los más altos principios de ética, alejado de intereses políticos, con la capacidad suficiente para velar por una recta administración y procuración de justicia en el estado mexicano.
También hubo voces que indicaron que hay preocupación por las declaraciones de AMLO, quien reveló que ya tiene a su terna de candidatos para ocupar la dependencia. Eso provoca “muchas suspicacias sobre un posible fiscal-carnal, luego de las descalificaciones emitidas por las organizaciones de la sociedad civil y que pueden ayudar a un mejor nombramiento”.
Ante estas declaraciones y las consecuentes quejas de la sociedad civil, Foro Jurídico decidió consultar la opinión de especialistas sobre el tema para poder analizar cuál sería la mejor ruta para que se defina quién es la persona indicada para encabezar la Fiscalía General de la República.
Foro Jurídico presenta en esta edición, entrevistas con especialistas de la sociedad civil: el Maestro Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos en Contra de la Corrupción; y la Doctora Cristal González Obregón, especialista en Materia Penal y experta litigante, para que nuestros lectores puedan tener la opinión de cómo debiera ser la mejor ruta de la nominación así como la importancia no sólo de los temas de anticorrupción y los asuntos electorales, sino también para todo el nuevo sistema penal acusatorio.
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[1] Los Congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán votaron a favor de la iniciativa.
[2] Al cierre de la edición, a pesar de que la Cámara de Senadores anunció la declaratoria oficial, todavía no había sido publicada en el Diario Oficial de la Federación.
