La Corte Penal Internacional (CPI), conocida también como el Tribunal Penal Internacional, es una institución judicial permanente con el objetivo central de juzgar a las personas (no a los Estados), acusadas de cometer los crímenes más graves: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de agresión y crímenes de lesa humanidad. Cuenta con su propia personalidad jurídica internacional, no forma parte de las ONU y tiene su sede en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos (Holanda).
Fue creada en 1998 por el Estatuto de Roma y la Asamblea de los Estados es el órgano legislativo y supervisar de su gestión, que se integra por representantes de los Estados que se han adherido y ratificado el Estatuto, teniendo la CPI plena independencia para garantizar su imparcialidad política. Para entrar en funciones la Corte debería contar con al menos 60 ratificaciones, lo que aconteció cuatro años después, el 1º de julio de 2002.
Durante el proceso de formación de la CPI, la delegación de México tuvo un papel relevante y prácticamente contaba con una posición para tener un juez fundador de los 21 que la integran (3 en la presidencia y 18 en las secciones preliminar, de juicio y de apelación).
Sin embargo, debido a que el gobierno de los EE. UU. decidió no ser parte del Tratado de Roma, ni ratificarlo, por razones obvias de no aceptar la posibilidad de que uno de sus funcionarios militares de alto rango pudiera ser acusado ante la Corte, aconsejaron (o más bien dieron “línea”) al gobierno mexicano, para que asumiera la misma posición y nuestro país, ante las críticas del foro, de los especialistas y de la academia, se retiró de este proceso sin ratificar el tratado.
Por ello, resulta satisfactorio que dos décadas después, una vez que nuestro país ya había ratificado el Tratado de Roma, se designe a la Embajadora Socorro Flores Liera como la primera jueza mexicana en la CPI. La Embajadora Flores Liera fue electa por la 19 Asamblea de los Estados Partes al Estatuto de Roma el pasado mes de diciembre y ocupará su nueva responsabilidad en el periodo de 2021 a 2030.
En un comunicado la Secretaria de Relaciones Exteriores señaló que la elección de la embajadora es reflejo del compromiso del Gobierno de México con la justicia internacional “para combatir la impunidad de los autores de los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional en su conjunto”.
La ahora jueza de la CPI es Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y tiene estudios de posgrado en Derecho Internacional por la UNAM. Ha tenido cargos relevantes en la Cancillería mexicana en la que ha sido Consejera del Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Directora de Derecho Internacional en la Oficina de Asesoría Legal y Subsecretaria para Latinoamérica y el Caribe. Fue también responsable de la oficina de la Corte Penal Internacional ante las Naciones Unidas en Nueva York.
Recientemente la CPI aceptó una denuncia para que sean investigados los ex Gobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington y Eugenio Hernández.
