Lic. María F. Santos Villarreal
Colaboradora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho
de Monterrey y del despacho jurídico Basave, Colosio, Sánchez, S.C
El pasado jueves 20 de octubre concluyó el proceso de designación de magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEFJF) y ha dejado mucho que desear en el tema de perspectiva de género y acciones afirmativas.
Las acciones afirmativas (también conocidas como discriminación positiva), son medidas que se toman para tratar de igualar materialmente las diferencias en condiciones políticas, sociales, culturales y económicas entre un grupo vulnerable y el respectivo grupo privilegiado que se han dado por una discriminación histórica, institucional y sistemática que ha sufrido dicho grupo vulnerable.
Se toman acciones afirmativas cuando la igualdad en papel no es suficiente (y nunca lo es). El caso de discriminación que en el presente texto nos ocupa es por razón de género; en concreto, la violencia política en contra de las mujeres. La violencia política por razón de género consiste en toda omisión o acción (incluyendo la tolerancia a dichas conductas) cometida por una persona o grupo de personas, generalmente hombres, de forma directa o a través de terceras personas, en contra de mujeres que aspiran a una candidatura, que son candidatas a cargos de elección popular o por designación, o que están en ejercicio de sus funciones en un cargo público, o bien, en contra de sus familiares o afines. El objetivo es restringir el ejercicio de sus funciones o para persuadirlas u obligarlas a que realicen determinada acción o incurran en una omisión que forme parte del debido ejercicio de sus funciones o de sus derechos políticos.
Esta situación es muy preocupante en el Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), máximo tribunal del país, tiene 11 integrantes, de los cuales únicamente 2 son mujeres: Margarita B. Luna Ramos y Norma L. Piña Hernández, siendo ellas el 18.2% de la Corte. El TEFJF, máxima autoridad en materia electoral, se compone de 6 Salas Regionales y una Superior. En conjunto, en las Salas Regionales, hay 6 magistradas y 12 magistrados, lo que significa que las mujeres ocupan el 33% de estos puestos. La Sala Superior tiene 7 integrantes, de los cuales, actualmente, sólo una es mujer: María del Carmen Alanís Figueroa, conformando ella sola el 14.3% de la Sala.
La falta de oportunidades para que mujeres ocupen cargos de este nivel es violencia política de género. ¿Cómo combatirla? Se puede hacerlo de muchas formas, una de ellas es implementando una política de paridad de género.
La paridad de género, según un Acuerdo General del mismo TEPJF, es un, “principio constitucional orientado a combatir los resultados de la discriminación histórica y estructural que ha mantenido a las mujeres al margen de los espacios públicos de toma de decisión; responde a un en tendimiento incluyente e igualitario de la democracia, en donde la representación descriptiva y simbólica de las mujeres es indispensable.”
Básicamente, la paridad de género es una acción afirmativa que busca que determinado órgano de gobierno esté integrado, como mínimo, por la misma cantidad de mujeres que de hombres, ya que son ellas las que han estado toda la vida al margen y son ellos los que toda la vida han ocupado estos espacios.
En el marco del proceso de designación de magistrados y magistradas para la Sala Superior del TEFJF, el tema de la paridad de género cobra especial relevancia. Siendo que la Sala Superior se conforma con 7 integrantes, no puede hablarse de un 50%-50%, pero sí de un 43%-57%. Como mínimo, en un ideal, deberían quedar 3 magistradas (de preferencia cuatro o más). Sin embargo, la scjn únicamente propuso 2 ternas de mujeres.
A partir del 4 de noviembre de este año tomarán posesión los 5 magistrados y las 2 magistradas que este 20 de octubre tomaron protesta en el Senado de la República: Indalfer Infante González, José Luis Vargas Valdez, Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Felipe de la Mata Pizaña, Mónica Aralí Soto Fregoso y Janine Otálora Malassis.
Dejar a la Sala Superior del TEFJF con dos mujeres solamente, lo que equivale al 28.5% de la Sala, contribuye a que se siga perpetuando la violencia política de género. Eso sí, “lo bueno” es que las dos magistradas designadas lo fueron para un periodo de 9 años (al igual que Felipe de la Mata Pizaña). Empero, independientemente de ello, fue un error de la Corte enviar únicamente 2 ternas de mujeres al Senado.
Muchas personas dirán que es porque no habían tantas mujeres de dónde escoger; que es culpa de las mujeres por no aplicar a la convocatoria; que es culpa de las mujeres que sí aplicaron por no ser lo suficientemente capaces para ser elegidas para conformar las ternas. Considero absurdo, machista e infundado alegar que no hay suficientes mujeres que sean igual de capaces que los hombres. Sí las hay, nada más hay que querer darles el espacio.
Lo que debemos preguntarnos es: si sí hay mujeres igualmente capaces que los hombres, ¿por qué sigue conformándose la Sala Superior del TEFJF (y el resto del Poder Judicial de la Federación) por casi puros hombres? ¿Qué es lo que está pasando?
Lo que sucede es que las mujeres han sufrido una discriminación histórica, en todos los ámbitos, pero sobre todo el político. Si a los hombres se les permitió empezar la carrera años antes que a ellas (y con mucho aliento y apoyo institucional), resulta justo buscar igualar la situación.
Eso es lo que busca lograr la paridad de género: darles un “empujón” a las mujeres para que comiencen a correr la carrera en el mismo punto de salida que los hombres (siguiendo la misma analogía) y no kilómetros atrás de ellos, como actualmente sucede. Por ello, 2 ternas de mujeres no es suficiente.
En este proceso de designación de magistrados y magistradas para la Sala Superior del TEFJF, la perspectiva de género se quedó (bastante) corta. Y sí, actualmente hay una magistrada y próximamente habrán dos, pero una mujer más no es suficiente, ni está cerca de serlo.
Falta mucho camino por recorrer hacia una integración paritaria. Y no sólo en la Sala Superior del TEFJF (ni en las demás salas de este Tribunal), sino en todo el Poder Judicial de la Federación.
