La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores recibió una propuesta de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales por parte de gobernadores.
Durante la mesa de trabajo interinstitucional: «Hacia una reforma penal de todos y para todos», en la que participaron los gobernadores de Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo y Oaxaca, el presidente de la Junta de Coordinación Política y los dirigentes estatales coincidieron en la necesidad de reformar el sistema de procuración e impartición de justicia.
La iniciativa que presentaron tiene el fin de frenar “la puerta giratoria” del sistema penal acusatorio, que permite la liberación de delincuentes por fallas en los procedimientos, aseguran los gobernadores.
“Por ello, se propone establecer una redacción clara, en el que se fijen los parámetros que regulen la facultad del Ministerio Público de poner a disposición del Juez a las personas detenidas durante el plazo de retención, aun cuando la medida cautelar que amerite el hecho delictivo o la que vaya a solicitar de forma justificada no sea la prisión preventiva, de esta manera, se reducirían significativamente las personas que indebidamente son puestas en libertad, eliminándose así la denominada puerta giratoria”.
La propuesta de reforma, plantea que los ministerios públicos puedan contar con la inclusión de la figura de pruebas anticipadas en delitos sexuales, lo cual daría mayores herramientas a estos entes locales, aumentaría la eficacia de las investigaciones, respaldaría la lamentable posición de las víctimas, además de resguardar el carácter de testigo.
Además, que las órdenes de cateo o de aprehensión por razón de seguridad y que puedan ser solicitadas en un lugar diverso a la comisión del delito.
Piden que las denuncias anónimas sean analizadas y valoradas con el fin de que el MP establezca más líneas de investigación, evitando la declaración de ilicitud probatoria por ausencia de fuente.
También proponen ampliar las medidas de protección a 120 días naturales con una prórroga de 30 días para garantizar la protección y seguridad de la víctima mientras se logra la judicialización o determinación de la carpeta de investigación.
Asimismo, establecer que en los casos en que el imputado sea citado a una audiencia y no acuda sin causa justificada, se libre de inmediato una orden de aprehensión.
Proponen hacer un estudio de cada delito supuesto en el artículo 19 Constitucional e incluir su tentativa.
Institucionalizar las preocupaciones
En la reunión, Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, aseveró que se institucionalizarán las preocupaciones de los gobernadores y que no legislarán sin tener la opinión de ellos.
Detalló que en la construcción de ésta contarán, también, con la participación de la Fiscalía General de la República; el Poder Judicial, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así como el Ejecutivo, mediante la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República; y todos los gobernadores que deseen participar.
Los gobernadores coincidieron en que es necesaria la reflexión en torno a la situación del marco jurídico del sistema procesal penal acusatorio.
Y plantean cinco ejes fundamentales: el fortalecimiento del sistema de impartición de justicia; la protección de los derechos humanos; enfrentar la impunidad; fortalecer el derecho de las víctimas; y proteger a las instituciones encargadas de la procuración, administración y aplicación de la justicia en nuestro país.
Asimismo, destacaron que, es necesario ampliar y agilizar los términos para iniciar un proceso judicial, toda vez que aún tiene huecos legales que generan problemas de impunidad y es urgente detenerlos de manera definitiva.
Como representante de la sociedad civil, María Elena Orantes, integrante del colectivo de mujeres 50 + 1, expresó la preocupación de la sociedad civil por el acelerado aumento de los feminicidios, por lo que consideró necesario el establecimiento de un nuevo sistema de justica con la perspectiva de género como punto fundamental.
