En la tradición de su sistema electoral, tanto el presidente como el vicepresidente de los Estados Unidos de América son elegidos por la vía indirecta de grandes electores designados por los partidos políticos -en cada uno de los Estados, más el Distrito de Columbia-, y no por la directa del voto popular o ciudadano.
Como organismo y centro neurálgico de su mecanismo electivo, el Colegio Electoral de EE. UU. nació hace más de dos siglos, en Filadelfia, Pensilvania, durante la Convención Constitucional de 1787.
Eje de un complejo y enrevesado modelo que, en términos democráticos, ha dado muestras internas de inequidad y obsolescencia, el sistema electoral estadounidense precisa ahora de una saludable reestructura, al nivel de ejemplaridad que se espera de un liderazgo que es referente político global.
En círculos políticos y sociales de esa nación, el debate sobre una sopesada abolición del Colegio Electoral, y la consecuente suscripción a un modelo de elección directa, no constituye, en modo alguno, temática novedosa.
Pero el resultado de las elecciones generales de 2016, en las que, de nuevo, el voto popular no guardó coincidencia con los resultantes votos electorales, atizó la vuelta temática a un primer plano de la atención nacional.
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La idea de abolición del Colegio Electoral, en pro de la prevalencia del voto popular, cuenta con extensa simpatía y apoyo públicos -de acuerdo con acreditadas mediciones-. Pero colisiona con los diques propios de la división partidista.
Intereses y cálculos de un mercado electoral republicano, beneficiario del distributivo esquema por votos electorales.
Si la simpatía pública supera el 60 por ciento, el problema se centra en el desnivelado grado de apoyo por parte de los Partidos Demócrata y Republicano: casi 90 por ciento del Demócrata, contra poco menos del 25 por ciento del Republicano.
La ruta resolutiva conduciría, primeramente, hacia una enmienda constitucional que demandaría la rigidez de un proceso legislativo protagonizado por la Cámara Baja ý el Senado, así como por las legislaturas locales.
O por vía de una Convención Constitucional convocada por dos tercios de las legislaturas estatales.
Pero, atención: una vía alterna a la enmienda constitucional, que mantendría el modelo comicial indirecto, podría consistir en la reducción del rotundo peso que gravita en torno del Colegio Electoral.
Y es en tal tenor que 15 Estados y el Distrito de Columbia -que representan y controlan en conjunto 196 votos electorales-, parecen estar trazando el compromiso de conceder sus votos al ganador del voto popular nacional.
Las correspondientes leyes locales sólo entrarían en juego una vez que el pacto interestatal pudiese contar con suficientes Estados para el mínimo total de 270 votos de la victoria presidencial.
Mucho aún está por verse, y grandes lecciones para el resguardo y fortalecimiento de las democracias liberales en el mundo.
Mientras tanto, y tal y como es, la democracia estadounidense respira y palpita como nunca y salta hoy a un amenazante y controvertido ruedo.
