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El Ministro José Ramón Cossío Díaz, integrante del Pleno de la SCJN durante su charla con el semanario Proceso. 8 DE NOVIEMBRE DE 2018, CIUAD DE MEXICO FOTO: OCTAVIO GOMEZ
Reportaje especial

El Sistema Judicial Está en Crisis

por Marco V. Herrera
3, octubre, 2019
3323
0
28 minutos de lectura

Entrevista con el Ministro en Retiro José Ramón Cossío Díaz

Ante la serie de reformas que el partido en el poder está proponiendo, buscamos al Ministro en Retiro José Ramón Cossío Díaz para que, con base en su experiencia, visión y gran conocimiento, no diera su opinión sobre las últimas reformas propuestas, la transformación del Poder Judicial, el sistema jurídico y el futuro de los abogados. En una charla en su cubículo de Investigador en el Colegio de México, esto fue lo que pudimos platicar con él:


¿Cuál es su opinión sobre esta reforma penal fiscal que ya fue autorizada por el Senado de la República?

 Lo primero que habría que decir es que tienen razón en el diagnóstico, en los últimos años ha habido un abuso extraordinario de esto que se ha denominado popularmente como “las factureras”, yo creo que ahí sí no hay punto de discusión, me parece que los empresarios, abogados, contadores y un conjunto de intermediarios generaron un esquema muy perverso de defraudación fiscal a través de estos mecanismos. Entonces, en el diagnóstico y en el problema no tengo nada qué agregar, pero creo que sí hay un problema importante en la solución.

A mí me parece que cuando a todas las cosas las empezamos a llamar del mismo modo lo que terminamos haciendo es impedir que haya diferenciaciones entre distintos supuestos, lo que es muy grave, pero más aún cuando se utilizan categorías extraordinariamente complejas para fenómenos no tan complicados, lo que genera distorsiones.

Podría entender que, efectivamente, se considerara que hay una delincuencia organizada en materia de emisión de facturas. Sin duda es una red potente, articulada, sistemática, etcétera, lo que sí me parece un despropósito es considerar que eso afecta a la seguridad nacional.

Si a cada cosa que no nos vaya gustando en el tiempo histórico que vivimos la sobrecargamos de adjetivaciones, me parece que acabaremos en un determinado momento generando una excepcionalidad que se convertirá en normalidad y todos acabaremos viviendo por la excepcionalidad.

Hoy, le parece al gobierno que estos fenómenos, que insisto, deben ser combatidos, son de tal magnitud que pueden ser calificados como de seguridad nacional. Mañana, ¿qué otra cosa va a ser? Pasado mañana, ¿qué será? Entonces llegará un día en que para impedir que se ejerzan cierto tipo de derechos, probablemente el amparo, los recursos ordinarios, las suspensiones, se vayan sobrecargando de símbolos estas conductas y esto, en primer lugar, me parece que lesiona muchísimo la convivencia; en segundo, genera excepciones que con el pasar del tiempo no se pueden ya regular; en tercer lugar, se aplica para un conjunto de ciudadanos ordinarios aquellas medidas que en su momento fueron generadas para combatir a un grupo de ciudadanos que estaban en una condición excepcional. Eso es la parte que me preocupa más.

 

¿Las leyes anteriores tenían todos los elementos para poder actuar en contra de este delito?  

          Yo creo que en principio sí, lo que me parece es que hubo poca capacidad de fiscalización, inspección e incluso imaginación, porque todo el mundo o las revistas especializadas contaban cómo eran los esquemas de factura, que tampoco es que fuera algo muy novedoso.

A lo mejor cuando empezaron a salir los primeros casos que se dieron cuenta las personas que podrían mandar a hacer estas operaciones, estas empresas, instituciones, tal vez los tomó desprevenidos. Pero creo que después de unos años, la administración pública tiene que ajustarse, reaccionar, actualizarse y combatir estos efectos. Creo que esa condición de impunidad o descuido, es lo que ahora está haciendo suponer al gobierno actual que con medidas excepcionales se van a corregir estos problemas, cuando, insisto, eso es un despropósito.

 

Un especialista comentó hace poco que pareciera un gatopardismo fiscal.

 Sí, yo creo que tiene razón, porque por un lado se dice “vamos a hacer unas leyes súper fuertes”; por otro lado, se sabe que el número de personas que fueron despedidas del SAT es enorme. Entonces, por un lado, se dice “vayamos a hacer leyes más potentes, vamos a poner una sobrecalificación de las conductas”; por otro lado, se retiran los recursos para tener una inspección del estado imponente. Entonces, ahí también hay una contradicción. Ya se sabe más allá de la creencia popular que el mero cambio no transforma absolutamente nada. Si eso fuera el cambio, publicar leyes en todos los periódicos oficiales de todos los países, sería un cambio extraordinario. Entonces, uno diría “contratemos a las mejores personas, publiquemos y veamos cómo la realidad se transforma mágica y rápidamente” y eso nunca ha sucedido en la historia de la humanidad.

“Podría entender que, efectivamente, se considerara que hay una delincuencia organizada en materia de emisión de facturas. Sin duda es una red potente, articulada, sistemática, etcétera, lo que sí me parece un despropósito es considerar que eso afecta a la seguridad nacional.”

Entonces, creo que aquí sí hay una desconexión entre normas buenas y tener las capacidades estatales para salir a lograr la aplicación de éstas, ahí sí hay un descuido también importante por esta forma de querer tener un Estado en tales niveles de austeridad, que no me parece que tenga capacidades técnicas.

 

¿Qué va a pasar si se autoriza la reforma, vendrá una ola de amparos?     

 Yo creo que lo primero que va a pasar será que algunas personas pueden inhibirse de seguir haciendo estas prácticas o de empezar a hacerlas, si es que no las han hecho. Me parece que podría tener un efecto inhibidor respecto a las personas. Pero, después, lo que sí queda claro es que este trabajo de definir cuándo una fractura es falsa y cuándo no, me parece que es un trabajo especializado, técnico y en cierta medida, aburrido.

A mí a veces me preocupa esta ingenuidad que tiene el Estado, no sólo de esta administración, sino de otras, en el sentido de suponer que, porque se piensa que algo es bueno, la gente se ajustará en su comportamiento, si eso fuera así no tendríamos delincuencia históricamente hablando.

“Considero que las adiciones a la Ley de Amparo tienen una muy mala factura técnica, porque primero se está proponiendo que un órgano administrativo puede privar de la licencia a una persona para que ejerza la profesión de abogado; consecuentemente, lo está privando de un derecho constitucional previsto en el artículo 15.”

Entonces, lo que puede suceder es que quienes han emitido estas facturas, quienes han logrado algunos beneficios personales más allá del daño social que han producido, se defenderán con todo y entraremos en un proceso (como tantos otros que hemos tenido) donde se cuestione la competencia, la atribución, la proporcionalidad de la pena, en el ámbito constitucional. En cuanto al ámbito de la legalidad, se seguirán viendo y revisando cada una de las facturas para ver si, efectivamente satisfacen o no los requisitos tributarios.

Creo que viene un proceso de enorme actividad de los particulares contra el SAT porque se sentirán perseguidos, pero también implicará que el SAT tendrá que entrar en un proceso de enorme litigiosidad, en algunos casos ganarán y en otros no. Ése me parece que es un efecto, el otro es que seguramente el SAT iniciará procesos, algunos penales, ya sabemos en qué términos, no por ella misma, sino ante la Fiscalía General y eso aumentará el litigio en estos casos.

 

¿Entonces el país se va a convertir en una gran sala de litigios por todas las reformas que se han implementado?

 Yo creo que el país puede entrar en procesos muy complejos de litigiosidad, e insisto a mí algo que me preocupa mucho no es que haya litigiosidad sino que, con los cortes presupuestales que hicieron, con los despidos de las personas, con la supresión de las plazas de confianza, el Estado perdió muchas de sus capacidades técnicas y entonces ir a litigar contra funcionarios públicos con bajas capacidades técnicas o si tienen altas capacidades con enormes cargas de trabajo, es relativamente fácil para los litigantes. Creo que esos son los costos que no ha estado viendo el Presidente de la República, voy a hacer todo ese trabajo, voy a poner a todos estos particulares en orden, tengo que disciplinar a este segmento de la sociedad, pero no cuento con el funcionariado que lo pueda hacer.

Por querer ahorrar unos pesos en términos de salarios, sueldos y posibilidades de acción administrativa, al final de cuentas se va a perder mucho más dinero porque no se logrará ganar estos juicios.

 

Tenemos otra iniciativa muy polémica para el ámbito de los abogados, ¿qué opina de la iniciativa para adicionar un artículo 260 bis a la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política Mexicana?

Como en el caso anterior, el diagnóstico es correcto, hay abogados que se comportan muy mal, no sólo en los juicios de amparo sino en muchos procesos: inventan cuentos, llevan pruebas falsas, eso es verdad, como no tenemos un sistema de colegiación obligatoria, no se puede tomar la disciplina del gremio por parte de los propios abogados como sucede en muchos otros países.

Entonces hay que ver a quién se le cede hasta hoy el mecanismo, había sido un mecanismo penal y no es un mal mecanismo, más allá de que no se ejecuta con regularidad o no se ejerce mucho, ¿por qué?, porque se hace una denuncia, se abre una carpeta de investigación, se va a proceso y se acaba.

Considero que tiene una muy mala factura técnica la propuesta que mandaron, porque primero se está proponiendo que un órgano administrativo, que es el Consejo de la Judicatura, más allá de que amoneste, aperciba o suspenda, puede también privar de la licencia a una persona para que ejerza la profesión de abogado; consecuentemente, lo está privando de un derecho constitucional previsto en el artículo 15.

La autoridad administrativa desde mi punto de vista no tiene capacidades para hacer eso en términos del artículo 14, pero lo más complicado es que la reforma es completamente inadecuada porque hay que recordar que tanto el artículo 100 de la Constitución, como el 61 de la Ley de Amparo dicen que contra las decisiones del Consejo de la judicatura no cabe amparo, entonces si el consejo le quita a un particular la licencia para poder ejercer la profesión de abogado el problema será que esa sección será definitiva e inatacable. Creo que ahí hay un problema gravísimo de inconstitucionalidad y de inconvencionalidad, ¿por qué?, porque ahí no hay un recurso efectivo para poder combatir una decisión que, de suyo, es inadecuada; entonces creo que es una propuesta con un poco de populismo judicial y con una mínima capacidad técnica.

 

Por lo tanto, ¿puede pasar lo mismo que con la otra reforma que comentábamos?

Probablemente pase lo mismo que con la otra, se dará vista, se llevará al Consejo, pero ahí el problema es que es mucho más perverso, ¿por qué? , porque cuando un abogado sea sancionado con la pérdida de la licencia y quiera interponer un amparo, se lo van a desechar argumentando que hay una causa expresa en la Constitución y hay una causa expresa en la Ley de Amparo para que un juez  no pueda conocer su juicio de amparo, consecuentemente se quedará con la sanción.

El único mecanismo que quedaría, después de esto, sería el del Sistema Interamericano  de Derechos Humanos, pero ese proceso tarda mucho y no recibe estos casos de carácter subsidiario, entonces creo que sí es un problema muy serio, y creo que cuando la barra, el ilustre y otros colegios han estado impugnando o al menos declarando esto pues tienen toda la razón.

 

¿Será este el momento para que ahora sí se piense en la certificación de los abogados a través de los Colegios y que se incluya en la Constitución?

Podría ser una solución, ¿quieren ustedes disciplinar la profesión?, entonces deleguen a la propia profesión esto, si no es el caso por razones políticas que yo desconozco, pero si no fuera el caso, entonces la solución es establecer un sistema penal donde el abogado que se le acuse vaya a juicio, se defienda en el juicio, se hagan las reparaciones o no, y ahí si, como sanción penal se le pueda privar de su cédula profesional para que no pueda ejercer la profesión. Pero eso no está previsto en la iniciativa del senador Monreal, es nada más el corte administrativo sin comprender la totalidad de lo que está en juego.

 

¿Cómo ve al país y a partir de las últimas iniciativas, sumando también la reforma judicial que se pretende hacer?, parecieran cuñas que están tratando de presionar al Poder Judicial y al sistema de abogados.

Yo creo que sí, yo creo que estamos en una situación en donde vemos algunos signos positivos en este sentido, pero también vemos algunos signos negativos y me parece que todavía no tenemos la película completa o la fotografía completamente clara.

Yo no sé revelar fotografías, pero según el proceso de revelado se ve cómo va apareciendo una imagen de a poco, y me da la impresión que empezamos a percibir algunos rasgos que no nos gustan, algunos otros que gustan, pero me parece que los elementos todavía no son perceptibles.

Lo que sí sucede y esto es diario, pero no como acción legislativa, ni como acción administrativa, sino solo como una acción política, es este denuesto que tiene el Presidente hacia todos los órganos que generan frenos y contrapesos, ya sea el Poder Judicial o los órganos constitucionales autónomos, etcétera.

La impresión que te da es que el Presidente piensa que la acción política que él genera, por la legitimidad de la elección, por el número de votos que tuvo, o por algún designio en particular, pueden ser muchas las fuentes de lo que estoy diciendo, le permite hacer su voluntad, porque él supone que es positiva, pura, sabia, etcétera. Entonces al Presidente sí le molesta, porque lo declara y lo dice todos los días, no es una afirmación gratuita, que todos estos sistemas de frenos y contrapesos le generan algunas molestias.

Si este es el caso, hay que recordar que los jueces precisamente están: uno, para resolver controversias; dos, para sostener los derechos de los particulares frente a la administración en particular y al Estado en general; y tres, para hacer un contrapeso mayoritario.

El diseño histórico de nuestro tiempo, y en todo el mundo, dice que los jueces deben ser órganos contra mayoritarios, ¿por qué?, porque si las mayorías dicen locuras o insensateces, o si las mayorías tienen unas incapacidades técnicas pavorosas o de plano las mayorías quieren instrumentalizar a los individuos de ciertas o cuáles formas, entonces a los órganos jurisdiccionales les corresponde decir: ahí no puede usted entrar, tiene un límite, o puede entrar pero con estas modalidades, etcétera. El ejercicio del poder jurisdiccional, de los tribunales, es un ejercicio extraordinariamente incómodo para quien quiere ejercer un poder a partir de una fuerte voluntad y sustentado en lo que supone es un fuerte movimiento político; esta situación aquí y en China representa un problema y creo que eso es un signo preocupante de nuestro tiempo presente.

 

Si nos posicionáramos al final del sexenio y volteáramos a ver todas las reformas que están proponiendo y autorizando, más las que faltan, ¿cómo cree que quedaría el país? Creo que en este momento no estamos logrando ver el impacto general.

Creo que es una muy buena pregunta, si hiciéramos este ejercicio y todas las reformas pasaran, yo creo que encontraríamos, primero, una profesión sumamente golpeada porque encontraría, para la profesión de los abogados en particular y sus clientes en general, un desbalance.

Creo que el Estado se está haciendo de varias armas como estas para poder sancionar a abogados incómodos, eso me parece que es un asunto preocupante;  dos, de seguir las tendencias como van, la retórica, las acusaciones hacia niveles gigantescos de corrupción, o de nepotismo, etcétera, me parece que tendríamos un poder sumamente limitado.

Digamos que estamos hablando del 2024 y que esta entrevista se estuviera llevando a cabo en ese año, por lo tanto podríamos decir dos cosas: o los poderes judiciales federales y locales resistieron y consecuentemente lo que hubo es una guerra muy fuerte entre la jurisdicción y la política o el Poder Judicial sucumbió.

En el último caso, el resultado sería una ciudadanía crecientemente desprotegida porque los jueces, los magistrados, los ministros, aceptaron formas, digámoslo así, inhibitorias del ejercicio de su derecho, o si no se quiere ver como el ejercicio de su derecho,  de contraposición al ejercicio del poder público del Presidente de la República y su movimiento.

“Hay que recordar que los jueces precisamente están: uno, para resolver controversias; dos, para sostener los derechos de los particulares frente a la administración en particular y al Estado en general; y tres, para hacer un contrapeso mayoritario.”    

 Si siguen esas tendencias y no hay un garante de la profesión, de la academia, de la sociedad civil para defender la jurisdicción, para defender no el Estado de Derecho en abstracto, sino las modalidades cotidianas mediante las cuales el Estado de Derecho se sustenta, me parece que podemos encontrar una situación de un gran debilitamiento, una entronización  de la política, frente a una posibilidad legítima, porque eso es lo que garantiza la Constitución, de defensa jurisdiccional de los derechos.

 

Ante lo que nos comenta, suena a una contradicción que el supuesto poder que tiene el  pueblo, dentro de una democracia, a través de las instituciones autónomas, al desaparecer, ese poder se estaría trasladando al poder político, lo que representaría una desprotección para la ciudadanía.

Yo creo que sí, en el discurso del Presidente, que es muy importante, él se presenta a sí mismo como una encarnación de voluntad popular, de soberanía nacional, etcétera, eso suena bien y tiene un sentido retórico y político interesante; pero me parece sumamente complicado porque cuando esos procesos se incrementan y luego se aceleran, entonces acaba teniéndose la voluntad de una sola persona respecto a la vida y el patrimonio de todos los demás.

A mí me parece que lo que hemos ido logrando demostrar históricamente es que cuando estos procesos de concentración se realizan, los resultados suelen ser negativos, porque hay un momento en el que el Derecho queda tan desvencijado y los operadores jurídicos tan denostados, que consecuentemente se puede hacer una acción política casi a matacaballo y la ciudadanía es la que lo padece. Esa misma ciudadanía, que en el origen del movimiento dijo: que bien, ahora sí va haber esto y estos bienes, creo que es una ciudadanía que en conciencia debería exigir que todo eso se haga con respeto a las normas jurídicas, porque si no se hace así, de lo que a nosotros nos parece bien que se haga, después también parecerá que se va a hacer sin respeto a las normas jurídicas porque no nos parece bien que se haga, yo creo que simplemente es un problema de la historia.

Pero la gente, en la ilusión de ver algunas de sus demandas y necesidades reivindicadas, entre otras variables, está dispuesta a ceder, a un líder carismático, una enorme cantidad de competencias, atribuciones y posibilidades de actuación, sin darse cuenta que esos procesos de líderes carismáticos suelen resultar mal.

No hay líder carismático en la historia de la humanidad que se haya presentado como alguien que va a destruir a las comunidades, pero suelen ser procesos psicológicos, morales, económicos en los cuales no hay pesos y contrapesos.

Yo creo que lo que hace el Derecho en algunas de sus dimensiones es precisamente generar puntos de equilibrio para decir: oiga, está bien, usted es poderoso, tiene enormes márgenes de legitimidad política y enormes capacidades de actuación, pero hay cosas que no va a poder hacer, por más legítimo que sea, porque tememos que se desborden las cosas y una experiencia histórica que se ha visto en otros países del mundo, y en otros tiempos, no queremos repetirla nosotros. Creo que ese es el dilema, no afirmo que suceda de esta manera, pero hay signos de que puede llegar a ser así.

 

Desafortunadamente hay un gran revanchismo de los que están llegando al poder, tanto en las clases políticas, como en los sectores privados y hasta en la población.  

Eso por un lado, por el otro, también hay que decirlo, de una pésima conducción política en los últimos años que, claro, exacerbó conflictos, permitió el incremento de la violencia, no reparó muchas heridas sociales, entonces hay gente que está legítimamente enojada y lastimada. Y hay gente que no es que haya sido lastimada sino que simple y sencillamente no obtuvo en la vida lo que ella pensaba que debía obtener, a lo mejor tenía talento para hacerlo y tuvo la mala suerte, entonces ahora se han sumado al movimiento político. Hay de todo adentro de Morena para efectos de poder bajo esta aura del líder grandioso y grandilocuente, poder realizar cosas que en otros momentos históricos no se podían. Sin dejar de reconocer que muchos de los problemas que estamos enfrentando los venimos arrastrando de distintos momentos políticos y de las formas de ejercer política.

 

¿Cree que los cambios que estamos viviendo propicien el regreso de los monopolios públicos y privados?

Pues de alguna manera creo que sí, pero por otra va a ser difícil porque muchos de los órganos más grandes ya habían venido con procesos de contratación, por poner los más grandes: CFE y Pemex. Creo que el propio presidente pensó en ir al arbitraje con el caso de los gasoductos, pero al final de cuentas se dio cuenta que era un pleito perdido. En un arbitraje se pueden modificar las condiciones de operación del propio contrato, pero difícilmente se iba poder modificar el contrato.

Desde mi punto de vista, el Presidente después de haber analizado esto se dio cuenta que iba a perder y consecuentemente negoció. Se nos dice ahora que nos fue bien y que vamos a ganar mucho dinero pero es en términos del presente, lo que vamos a enfrentar a la larga es una pérdida de dinero.

Creo que fue una balandronada el salir a decir que vamos a ir al arbitraje y vamos a hincar a los canadienses, etcétera, y cuando corrieron bien la película, jurídicamente se dieron cuenta que la posibilidad de éxito en ese juicio era muy baja, consecuentemente renegociaron perdiendo a mediano plazo para el país.

 

Y con costos altísimos.

De acuerdo, hay que tomar en cuenta que de haber llegado al arbitraje, se hubiera perdido porque no está hecho para modificar las cláusulas, el contrato celebrado lo celebró un ente soberano, más allá de si es bueno o malo, más allá de si las condiciones fueron leoninas, yo en eso no me meto, pero el arbitraje no está hecho para eso, es para ver si hay cumplimiento o no del contrato, no sobre la estructura del contrato.

“Si siguen esas tendencias y no hay un garante de la profesión, de la academia, de la sociedad civil para defender la jurisdicción, para defender las modalidades cotidianas mediante las cuales el Estado de Derecho se sustenta, me parece que podemos encontrar una situación de un gran debilitamiento, una entronización de la política, frente a una posibilidad legítima.”

Entonces, creo que sí rectificaron y salvaron cara anunciando los ahorros inmediatos y quienes leyeron mejor la renegociación se dieron cuenta que al final del día con el pasar de los años vamos a perder dinero. Por lo que es difícil que vayamos a monopolios porque tanto Pemex como CFE están, lo voy a decir así, están para bien o para mal, no estoy haciendo una apología de nada, están amarrados a un conjunto de contratos que difícilmente podrán darle a Pemex o a CFE una posición como la que tenía en los años 70.

 

Hay opiniones de especialistas internacionales que dicen que el sistema de justicia mundial está en una crisis y por ende los abogados, su negocio y su actuar, ¿qué opina al respecto?

 Yo creo que el sistema está en crisis, porque hoy ofrece éste sistema una oferta que es un despropósito. Publiqué el año pasado, en el Fondo de Cultura Económica, un libro llamado: El Sistema de justicia, trayectorias y descolocaciones, en donde afirmo que el sistema nos dice que todo conflicto se va a resolver, todo conflicto social se va a resolver en la justicia y eso no es verdad.

Muchas de las cosas que más nos importan, nos preocupan, nos duelen, no se van a resolver con el sistema de justicia, porque el sistema de justicia no puede hacer, de muchos de los conflictos que vivimos día a día, litigios, no hay modo de trasladarlos. Para que ese conflicto se haga litigio, hay que deformar el litigio y hay que deformar el conflicto, si alguien pierde un ser querido busca un litigio para que le impongan una sanción a la persona que lo causó y le den dinero, entonces qué es lo que tuvo que hacer, deformar el dolor, deformar sus creencias, deformar su forma de vida, en un litigio de responsabilidad civil, una vez que el conflicto se hizo litigio, éste no alcanza a resolver el conflicto original: la muerte del ser querido, resuelve otra cosa, de la pérdida de un familiar se le da dinero, y  está bien, pero al final no devuelve la vida a la persona.

Creo que parte de la idea de que el sistema está en crisis es que no todos los conflictos se van a hacer litigio y no todos los litigios van resolver los conflictos adecuadamente, y esa es una pretensión de universalidad que los sistemas de justicia del mundo tienen.

A mí no me gusta el concepto de acceso a la justicia, porque ese concepto mira un punto muy pequeñito del problema, que si es importante, pero en la realidad si la persona no tiene dinero, en consecuencia, no puede pagar un abogado, eso es verdad, pero más grave se me hace que muchos de los problemas que las personas tienen no se pueden ni siquiera convertir en litigio, aunque tuvieran dinero para pagar el abogado.

“Publiqué el año pasado, en el Fondo de Cultura Económica, un libro llamado: El Sistema de justicia, trayectorias y descolocaciones, en donde afirmo que el sistema nos dice que todo conflicto se va a resolver, todo conflicto social se va a resolver en la justicia y eso no es verdad.”

Y yo creo que ahí es en donde está el problema estructural, hay formas de acción social o individual que no son manejables o no están bien dibujadas, todo lo que se refiere a acciones colectivas intereses de litigios públicos etcétera, lo que es una pretensión de la colectividad, no puede llegar bien al orden jurídico porque se les agreguen acciones individuales, entonces no puede haber una solución ahí, y yo creo que hay un segundo y muy grave problema.

En tercer lugar, me parece que los sistemas, en esta pretensión de cacharlo todo, se hacen de muchas cosas y después no tienen ni el tiempo, ni las capacidades técnicas para resolver, entonces lo que sale son unas sentencias, que están bien, pero poco tienen que ver con lo que a la gente le interesa.

Creo que ahí, desde mi punto de vista, es donde está la crisis generalizada del Sistema de Justicia, no es sólo un problema de acceso, de hecho es mucho más que un problema de acceso a la justicia, es un problema de configuración del sistema, en dónde se le pide a una persona especializada y entrenada como juez para que haga cierto tipo de operaciones tratando de resolver el problema que está mucho más allá de las posibles técnicas del Derecho y eso es lo que me parece que estamos enfrentando en la actualidad.

 

¿Cómo se podría solucionar esta crisis en el sistema judicial?

Yo creo que lo que tendríamos que hacer es desformalizar un poco la justicia e ir a sistemas muy básicos de conciliación. Porque si lo que queremos es resolver los conflictos, hay veces que los conflictos se puede resolver mucho mejor mediante mecanismos de conciliación  que mediante mecanismos de litigio. En el litigio se tiene que deformar el pleito, por ejemplo, si viene una señora y empieza a contar historias de lo que le ha sucedido, el abogado solo le puede decir, mire señora yo lo más que puedo hacer es que la puedo divorciar, le consigo una pensión alimenticia; ella seguramente preguntará cómo puedo resolver mis demás problemas y ahí ya no hay respuestas, por eso yo creo que hay formas mucho más civilizadas, que tienen más posibilidades de penetración a lo que es el verdadero conflicto, ahí si hay una verdadera solución.

“Muchas de las cosas que más nos importan, nos preocupan, nos duelen, no se van a resolver con el sistema de justicia, porque el sistema de justicia no puede hacer, de muchos de los conflictos que vivimos día a día, litigios, no hay modo de trasladarlos.”

Pero estos mecanismos pueden jugar en contra de lo que los abogados quieren, porque los abogados ganan por formalizar conflictos, hacer los litigios y resolver estos conflictos, así sea deformadamente, equivocadamente, o como se quiera llamar, a través del litigio.

 

Y también hay un gran rechazo de los abogados por buscar negociaciones de otros tipos, ¿no es así?

Por supuesto, además creo que muchos abogados piensan que el estado actual del Derecho es el mejor posible. Esta expresión es un poco cursi pero es interesante, hoy hay que pensar fuera de la caja, creo que como los abogados hacen todos los días litigios y fueron entrenados para eso y de eso viven, les genera prestigio, amistades, clubes y pertenencia, pues no hay más remedio que seguir dando para adelante.

Este tipo de cosas suelen verse solamente de una manera histórica, en un análisis del pasado, “mira nada más que tontos fueron los romanos o los griegos cuando no se dieron cuenta de que si hubieran hecho el cambio x o y, habrían podido resolver lo que querían resolver, en lugar de usar esa pésima herramienta”, yo creo que ahí es donde está el verdadero conflicto del sistema jurídico.

 

 

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