El Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República organizó el “Balance de la reforma en materia de justicia penal” en el cual, analistas y expertos concluyeron que el problema del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio es la ausencia de una visión sistémica lo cual la aleja mucho de sus propósitos.
Señalaron que el error es gracias a que la implementación del nuevo Sistema Penal implica la reforma de autoridades, como policías, ministerios públicos, jueces, el sistema penitenciario y la práctica de los abogados, además de que han olvidado la creación de fiscalías.
La corrupción en México es un fenómeno de carácter sistémico el cual implica a personas tanto públicas como privadas en todos los niveles de gobierno, y el querer combatirla con una estrategia que se base en la persecución de servidores públicos, es un proyecto que está destinado al fracaso, comentaron.
Carlos Galindo López, investigador del IBD, declaró que desde el 2006, cuando entraron en práctica los operativos militarizados en las calles, se disparó la cifra de homicidios y generó mayor violencia, la cual, aún no cesa en el país.
De la misma forma, refirió que el nuevo sistema de justicia, brinda una oportunidad distinta para combatir la criminalidad, pues solo los casos más graves son llevados a juicio.
El director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Sergio López Ayllon dijo que el regresar la figura de “prisión preventiva oficiosa” para todos los delitos sería un grave error. “Hago un llamado al Senado a que resistan las tentaciones de regresión” e invitó a los legisladores a enfocarse en el buen funcionamiento de la fiscalía anticorrupción.
Asimismo explicó que no existe una fórmula para reducir la corrupción, pues en la experiencia internacional, los diversos modelos de intervención han bastado para contrarrestar este fenómeno. “Las posibilidades de error son altas, y continuamente se deben de hacer cambios sobre la marcha”
María Novoa, Coordinadora del Programa de Justica en México Evalúa, puntualizo que apenas el 75% de las procuradurías se han transformado en fiscalías, y que la mayoría aplica un modelo de sistema acusatorio obsoleto. Refirió que para tener pacificación en el país, es necesario fortalecer el sistema de justicia penal.
El director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal, Javier Carrasco Solís, subrayó que se debe fortalecer el ministerio público para tener un óptimo sistema de justicia penal.
Jaime Cárdenas Gracia, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) refirió que aún con las reformas de los 70´s y del año 2014, todavía no se garantizan las elecciones libres y auténticas y a falta de éstas garantías el “sistema democrático no es real”. Comentó que “Los mexicanos debemos de aspirar a otro tipo de democracia más amplia y radical” para que las decisiones fundamentales sean tomadas por la sociedad.
