La reciente autoextradición del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, más que un caso de éxito del sistema de justicia mexicano, es sin duda un show mediático y un éxito político del presidente López Obrador, en sus estrategias de combate a la corrupción y electorales de cara a las elecciones del 2021, en las que se renovarán casi la mitad de los gobernadores, la Cámara de Diputados y un importante número de congresos locales y ayuntamientos.
Desde su arresto en España a inicios de año, hasta el anuncio de su regreso a México, Emilio Lozoya se convirtió en un caso emblemático para el gobierno, y con su colaboración pretende resolver unos de los asuntos más escandalosos de corrupción de la anterior administración, el caso Odebrecht, lo que da a AMLO un enorme capital político, ya que este asunto tiene una relevancia no solo nacional, sino internacional, que ha llevado a la cárcel a expresidentes y altos funcionarios de al menos 11 países de la región, por multimillonarios sobornos a cambio de contratos públicos ventajosos en el sector petrolero y que el ex presidente Peña Nieto trató de ocultar en nuestro país.
Por lo pronto, las expectativas de la población están puestas en que caerán personajes del primer nivel del gobierno y de la política de la anterior administración (adversarios de AMLO), sin importar que se dé impunidad a Lozoya y se manipulen las instituciones de justicia, al ser burdamente acusado por la Fiscalía General de la República por delitos menores, y que en contubernio con las autoridades judiciales, enfrentará su proceso en libertad, previendo que no pisará la cárcel en México, ni pagará por sus delitos, por conveniencia del Presidente López Obrador.
El trato benévolo y de privilegios que le están dando como testigo colaborador o protegido es diametralmente opuesto a lo que sucedió con los funcionarios implicados en otros países latinoamericanos, como Brasil, Perú, Colombia, Panamá, etcétera, en los cuales también hubo testigos colaboradores que obtuvieron ciertos beneficios, pero no a tal grado de impunidad que permiten en México a Lozoya Austin, a pesar de estar demostrado que recibió más de 10 mdd de Odebrecht y de que gran parte de esa cantidad fue destinada a la campaña de Peña Nieto, sin tomar igualmente en cuenta las millonarias cantidades ilícitas que adicionalmente obtuvo de la fraudulenta compra de una planta chatarra e inservible de Agro Nitrogenados siendo Director de Pemex.
Sin duda que un hecho “bochornoso” de este irregular proceso judicial en el caso Lozoya, ha sido la burda violación al principio constitucional de máxima de publicidad de las audiencias, sobre todo que se trata de un caso del más elevado interés público, al haber autorizado el Consejo de la Judicatura Federal que no se transmitiera en vivo, mediante video (como se realizan las sesiones de la SCJN), las audiencias de los dos juicios de Lozoya, y en su lugar se permitiera a los periodistas enviar mediante WhatsApp una versión editada de los hechos más relevantes de las audiencias, lo que, además de ser ilegal, es una burla para “el pueblo sabio”.
Estas acciones ponen una gran interrogante sobre la autonomía del Poder Judicial Federal y corroboran que aún no hemos superado en México la práctica negativa de la “politización de la justicia”.
