Actualmente se está discutiendo la iniciativa sobre los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que va a reformar las entidades del gobierno federal, con el fin de dar pie a la cuarta transformación que el nuevo gobierno está proponiendo.
Esta reforma está cambiando de una manera profunda la estructura del poder ejecutivo, está concentrando mucho poder en la Presidencia de la República, en la Secretaría de Hacienda y en la nueva Secretaría de Bienestar. También crea la nueva súper Secretaría de Seguridad que estará encargada de la seguridad del Estado, así como de la seguridad pública y desplaza a la Secretaría de Gobernación como una simple oficina de trámites políticos y pendientes del pasado. Por otro lado, se le vuelven a atribuir las funciones de contraloría a la Secretaría de la Función pública.
Esta iniciativa de Ley también crea la figura de los súper delegados estatales que al parecer nace de aquella vieja idea de las casas de gobierno en los estados del sureste, desde donde se controlaron los dineros y las acciones políticas en los diferentes municipios que dependían directamente del gobernador en turno, para trabajar en paralelo y sin control de los presidente municipales. Ahora va a ser igual pero se pretende “puentear” al gobernador en turno.
Independientemente de la concentración de poder, las funciones y un nuevo balance de poder, con estos ajustes, la ley la administración pública puede entrar en un shock administrativo, porque se le está propinando a las instituciones públicas del gobierno federal al mismo tiempo un cambio de estructura, reducciones de puestos, ajustes presupuestales, separación de funciones en algunos casos y fusión de funciones en otros.
Por otra parte, el traslado de la Ciudad de México de algunas secretarías a otras ciudades (que pueden no estar preparadas para recibir el volumen de personas que arribarán), ocasionará una serie de renuncias masivas, por lo que se perderá personal, experiencia y hasta el control de las carteras y pendientes actuales.
Si a esto agregamos las reducciones de sueldos y de gastos, las preguntas serían ¿con qué capacidad, recursos humanos y económicos se va a poder enfrentar este cambio de funciones, procesos y procedimientos tan complejos en la administración pública?, ¿quién llevará a cabo los nuevos manuales, la alineación de las funciones, la definición de puestos, la capacitación del personal que quede y/o del nuevo que vaya a entrar?
Lo que esta iniciativa está proponiendo es algo mucho más complejo que las mismas 13 reformas del gobierno anterior y puede que no sea posible ser implementado a la velocidad que están prometiendo, ni mucho menos alcanzar los resultados que anuncian a diario. Sin duda, el grave riesgo de estas propuestas del gobierno entrante es que podrían perder el control de la administración pública. ¿Serán plenamente conscientes de esta situación?
