La semana pasada, se perfilaba a ser aprobado y publicado un dictamen relativo a la subcontratación regulada en la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 15-A al 15-D, este dictamen surgió posterior a un ejercicio de Parlamento Abierto llevado a cabo en ambas cámaras, donde académicos, empresarios, representantes obreros y legisladores vertieron sus opiniones acerca del tema.
Pese a que existieron desencuentros, lo cierto es también que existieron puntos coincidentes, los cuales consistieron en lo siguiente; eliminar la equiparación de subcontratación ilegal a delincuencia organizada, esto debido a que las sanciones previstas por defraudación fiscal y malas prácticas laborales ya existen y están estipuladas en legislaciones diversas. Así mismo, se contemplaba la creación de un Registro Nacional de Empresas de Subcontratación, cuya elaboración de lineamientos de operación, sería elaborado y redactado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a las cuales, únicamente estarían adheridas las Empresas de Subcontratación que acreditaran ante la autoridad fungir de manera legal, comprobando el cumplimiento de las obligaciones patronales y fiscales.
Así el dictamen, nos parecía bien a la mayoría de los laboralistas del país, perfilándose incluso para su publicación el jueves 05 o viernes 06 de marzo del año 2020. Pero al parecer, todos olvidamos los matices políticos que guardan estos dictámenes. Tal cual lo opinó alguna vez esta autoría en la columna “El Outsourcing y sus Frentes Políticos”, los mayores desencuentros se hayan justo en la bancada del partido en el poder, ya que, seamos francos, si MORENA no tuviera conflicto interno, cualquiera de los dictámenes (el de diciembre y este que no ve la luz) hubieran ya sido publicados.
El hecho es que un acto de aparente “venganza”, ahora es el Senador Napoleón Gómez Urrutia, es quien impide el avance del dictamen, argumentando que es un “retroceso” y que se esta “legalizando a la subcontratación ilegal”, respetuosamente, esta autoría difiere por completo del argumento, para sorpresa personal, el dictamen si había sido emitido considerando las aportaciones de las entidades involucradas en los ejercicios de parlamento abierto, conciliando puntos clave, como lo eran la no sobre regulación de la subcontratación, sino el acotamiento de la metodología de inspección y fiscalización, a efecto de identificar, auditar y en su caso sancionar a aquellos entes que practicaran la subcontratación ilegal.
Desafortunadamente, esto no parece satisfacer la idea del Presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social en la Cámara Alta, y ha logrado posponer los acuerdos hasta nuevo aviso, ¿por qué?, el dictamen prevé sanciones a los que incumplen, detalle que evidentemente protege los intereses de los trabajadores, del fisco y de las empresas de subcontratación legal (quienes pagan aportaciones de manera correcta al IMSS, SAT e INFONAVIT), ¿entonces cuál es el retroceso?. Tristemente ha quedado evidenciado que las agendas políticas guardan mayor importancia que la intención de llegar a acuerdos y ahora se ve cada vez más lejos un concilio acerca de este tema en nuestro país.
