Las entidades federativas destinan pocos recursos al mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres que se busca garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres en zonas afectadas por la violencia feminicida, señala una investigación elaborada por la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
No obstante, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres es un mecanismo que requiere de la articulación de esfuerzos entre los tres niveles de gobierno.
El estudio titulado “El financiamiento de la Alerta de Violencia de Género: entre la austeridad federal y las omisiones locales” arrojó que ni la igualdad entre mujeres y hombres, ni las acciones para combatir a la violencia contra las mujeres son prioridades en el gasto público a nivel subnacional.
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Solo 12 entidades de la República definen al presupuesto para la igualdad sustantiva como una prioridad y menos de la mitad incorporan anexos transversales, como sucede en el ámbito federal desde el año 2008.
Al año 2020, las entidades en las que se han emitido declaratorias de Alerta de Violencia de Género destinan en promedio el 0.26% de su gasto púbico a las acciones para promover la igualdad de género entre mujeres y hombres. A nivel federal, esta proporción fue de 1.69% en este mismo ejercicio fiscal. Esto quiere decir que los estados con mayores problemas de violencia feminicida destinan en promedio seis veces menos recursos para la igualdad de género que lo que se destina a nivel nacional.
Lo anterior da cuenta de un débil compromiso de las entidades federativas con las acciones para erradicar la violencia contra las mujeres, apunta el estudio.
Subraya que la mayoría de los delitos que se cometen contra las mujeres -como el feminicidio, la violencia sexual y la violencia familiar- son del fuero común, por lo que urge legislar y reformar los instrumentos que definen las funciones y acciones específicas, por parte de las autoridades estatales y municipales, a efectos de proveer los recursos presupuestarios, humanos y materiales precisos y suficientes, en coordinación con las autoridades que integran los sistemas locales, los programas estatales y el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
La coyuntura actual demanda que los tres niveles de gobierno asuman y cumplan con las obligaciones establecidas en la ley, señala el estudio.
