El día de ayer durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que, tanto medios de comunicación como despachos de abogados actúan por dinero al defender a empresas que aprovecharon la reforma energética para saquear al país.
“Una vergüenza que abogados mexicanos estén de empleados de empresas extranjeras que quieren seguir saqueando a México. Claro que son libres pues, pero ojalá y vayan internalizando que eso es traición a la patria… dinero para medios [que defienden la reforma] y dinero para los abogados, los despachos”, mencionó.
Ante las afirmaciones del presidente, el Consejo General de la Abogacía Mexicana (CGAM), integrado por el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados (INCAM), la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA), lamentó “la desafortunada declaración del titular del Ejecutivo Federal”.
Al fijar su postura, el CGAM indica que “los señalamientos relativos a una supuesta traición a la Patria por ejercer el derecho a la defensa son un ataque a toda la profesión y una afirmación jurídicamente incorrecta, ya que dicho delito no se configura en los casos señalados.
La representación legal de los particulares para combatir la reforma energética de ninguna manera puede implicar la realización de actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana, por ende, traición a la Patria. Por el contrario, el ejercicio libre e independiente de la abogacía garantiza el acceso universal a la justicia, con base en el marco legal aplicable
Cuestionar a los abogados mexicanos que asesoran o representan legalmente a las empresas extranjeras, es contrario a la obligación del gobierno de México de garantizar que los abogados puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; así como garantizar que no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole, al igual que la obligación de que los abogados no sean identificados con sus clientes ni con las causas de estos, con motivo de sus funciones.
En las democracias modernas, el acceso a la justicia es un componente básico para el Estado de Derecho, y la abogacía constituye una pieza fundamental para ese propósito. Nuestra profesión asume el encargo del ejercicio del derecho de defensa de los gobernados, mismo que está garantizado constitucionalmente y sin distinción alguna para personas físicas o morales, nacionales o extranjeras.”
En su cuenta de twitter, José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señaló que definir cuales son los buenos o los malos litigios, corresponde determinarlo a los jueces y tribunales, con base en las normas jurídicas aprobadas por los órganos electos democráticamente.
El Presidente vuelve a incurrir en el terrible error de suponer que puede definir cuáles son los buenos y los malos litigios. Eso le corresponde determinarlo a los jueces y tribunales, con base en las normas jurídicas aprobadas por los órganos electos democráticamente.
— José Ramón Cossío D. (@JRCossio) February 22, 2021
