El sábado 3 de agosto se materializó el discurso de odio que ha promovido el presidente Donald Trump desde su campaña y lo que va de su administración, con una lamentable ejecución masiva de personas inocentes en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas. Aunque él culpa a todos menos a su discurso racista contra los migrantes centroamericanos y específicamente contra los mexicanos, a los que ha llamado violadores, delincuentes y abusadores. Influenciado por el discurso racista, “el joven blanco” de 21 años, Patrick Crusius, ingresó a un Walmart en el Paso, Texas, y disparó contra mexicanos y no mexicanos, que se hallaban en ese lugar haciendo compras para el regreso a clases, asesinando a mas de 20 personas, 8 de ellas mexicanas, declarando el asesino que su objetivo “era matar a tantos mexicanos como fuera posible”. Ante el lamentable hecho, el canciller Marcelo Ebrard, en una acción contundente, afirmó que había sido un ataque terrorista, por lo tanto, el Gobierno de México presentaría una denuncia y pediría la extradición de Crusius para hacer justicia a las víctimas y a sus familiares, por supuesto, se pronunció contra el discurso de odio e hizo las diligencias necesarias para que la FGR interviniera en las investigaciones para asegurar que no haya más “supremacistas” que pongan en riesgo a otros mexicanos. La respuesta del gobernador de Texas, Greg Abbot, fue una carta pidiendo a AMLO terminar con las diferencias políticas que paralizan los contratos de transporte de gas natural, hecho que pone en riesgo el avance del T-MEC y las economías de los tres socios involucrados. Mientras el gobierno de México pide justicia para las familias de las víctimas en el tiroteo, Texas pide claridad con los contratos y el tratado aún vigente.
