El Consejo de Salubridad General clasificó al COVID-19 como “grave de atención prioritaria”, en consecuencia, se pueden liberar recursos y logística para combatirla.
Ayer, como parte del informe que presentan desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo López-Gatell, junto a José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, informaron los acuerdos y compromisos que se llevarán a cabo para atender la epidemia.
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López-Gatell mencionó los cinco elementos:
1.- Se reconoce la epidemia COVID 19, en México como una enfermedad grave de atención prioritaria. Lo que faculta a la Secretaría de Salud para tomar acciones inmediatas.
2.- El Consejo de Salubridad General aprobó las medidas cautelares y de control de la epidemia que la Secretaría de Salud diseño y han sido implementadas por los poderes Legislativo y Judicial, instituciones del Sistema Nacional de Salud, dependencias y entidades de la administración federal, los gobiernos de las entidades federativas y distintas organizaciones de sectores social y privado.
3.- En lo sucesivo, la Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la epidemia de COVID, en consenso con las dependencias y entidades involucradas en su aplicación, que con ellas se definirá las modalidades específicas, las fechas de inicio y término de las mismas y su alcance territorial.
4.- El Consejo de Salubridad General pide a las entidades, y en general a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir a la brevedad los planes que han estado preparando de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de la capacidad, que garanticen la atención oportuna de los casos de COVID que necesiten hospitalización.
5.- El Consejo de Salubridad General se constituye en sesión permanente hasta que se disponga lo contrario.
Las recomendaciones has ahora son:
- Cancelación o posposición o reprogramación de los eventos masivos.
- Suspensión de las actividades escolares en forma anticipada.
- Suspender o sustituir por otros mecanismos aquellas actividades no esenciales de las organizaciones gubernamentales, las públicas o las sociales o las privadas.
