El pasado miércoles, durante la conferencia matutina brindada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, se dio a conocer que el Gobierno de nuestro país comenzará la búsqueda de jueces y funcionarios que han cometido fallas y omisiones en la investigación de la desaparición de 43 estudiantes pertenecientes a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el año 2014.
En compañía del mandatario mexicano, se encontraba el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, quien declaró que, la sentencia absolutoria en favor de Gildardo López Astudillo, emitida el 30 agosto por el juez federal Samuel Ventura, “no puede ser favorable para el acusado”, ya que Astudillo, conocido como «el Gil«, es reconocido como jefe de plaza del cártel «Guerreros Unidos« en el municipio de Iguala, Guerrero, donde desaparecieron los jóvenes normalistas.
«Éste es un precedente muy grave, es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores de la desaparición forzada y viene a fortalecer una tendencia que ya se había venido registrando con la libertad de otros detenidos en el caso», declaró Encinas.
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Además, dijo que «el juez determinó que no existían elementos para acreditar el delito de delincuencia organizada, desestimó 44 pruebas que buscaban acreditar el delito de secuestro y se circunscribió a analizar 162 de los 791 tomos que forman parte de la averiguación».
Otro dato revelado durante la conferencia fue que, se detuvieron 142 personas, de las cuales 53 han sido liberadas y cabe la posibilidad de que otras 50 también lo sean.
Por tal motivo, el Subsecretario hizo un llamado a la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero (Fiscalía General de la República) a que «reencauce la investigación, subsane las omisiones y permita una investigación diligente», ya que «en lugar de garantizar el derecho a la verdad y la justicia, se está generando un pacto que favorece el silencio y la impunidad«.
