Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, declararon en el portal, Declaranet, tener posible conflicto de intereses.
El Secretario de Relaciones Exteriores, manifestó, que su esposa, Rosalinda Bueso, es su socia en la empresa Estrategia y Comunicación Aster desde hace tres años, con quién debe tener contacto por motivos laborales de forma semanal.
Por su parte Víctor Villalobos, declaró que “el conflicto podría recaer sobre sí mismo, pues desde hace dos años es consuegro de Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico del Ejecutivo federal”.
En cuanto a Luisa María Alcalde, su declaración fue que desde hace dos años es socia de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, a la que acude de forma ocasional y tiene participación “voluntaria”.
La declaración referente al secretario de Comunicaciones y Transporte, Jiménez Espriú, refiere a que el conflicto de intereses “podría involucrar a su esposa, Elisa Margarita Gutiérrez Saldívar, quien desde hace 20 años tiene 5.92 por ciento de participación en la empresa Grupo Idesa, dedicada a la petroquímica”.
El Partido Acción Nacional solicitó a la Cámara de Diputados investigar si Jiménez Espriú quien estaría obteniendo algún beneficio económico por el uso de pipas en el transporte de gasolina de una subsidiaria de Grupo Idesa, durante el programa emprendido para combatir el robo de combustible.
Idesa desmintió tal participación, “No es verdad que Excellence Freights de México, SA de CV haya participado o esté participando en la transportación de combustibles propiedad de Pemex para su entrega a estaciones de servicio para el público en general”.
Cabe mencionar que existen 15 funcionario del gobierno federal que han aceptado tener conflicto de intereses, entre los cuales el titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Marqués, quien se abstuvo de indicar que es consuegro del empresario Carlos Slim.
Hay también servidores públicos como, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; Alfonso Durazo, de Seguridad Pública; Josefa González, de Medio Ambiente, y Esteban Moctezuma, de Educación Pública, que se niegan a dar a conocer sus posibles conflictos de intereses.
