Actos inconstitucionales, ilegales pero justificados en el cobijo de una aprobación popular. Nada ni nadie debe estar por encima de la Constitución, al menos no en un Estado Constitucional, al menos no en uno donde se respeten los derechos de todos, al menos no en uno donde la Constitución debiera ser punto de partida y llegada.
La elección de nuestra voz, la imposición de voluntades
Hay un refrán bien conocido que menciona que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, quizá algunos lo interpretarían como el paso de una intención a una acción, pero ¿qué pasa si esa “buena acción” desemboca en crear legislación inconstitucional? ¿sería irrelevante que así fuera únicamente bajo la justificación de que era lo que debía hacerse?
En México podríamos decir que el camino al infierno está colmado de malos legisladores, de esos legisladores que creen que sus actos se encuentran legitimados tras la capa de unas elecciones, que creen que pueden pisotear la Constitución y su respeto so pretexto de que ellos son “la voz del pueblo” luego entonces no les interesa cumplir con la legislación establecida, no les interesa aprobar leyes inconstitucionales y no les interesa nada más que lo que ellos llaman “cumplir” sus promesas de campaña. No debe malinterpretarse lo que se lee aquí, al menos quien escribe no está en contra de socavar la corrupción, de eliminar beneficios indebidos, de optar por la austeridad, sin embargo, debemos considerar que todo ello debería llevarse a cabo bajo la constitucionalidad y legalidad de todos y cada uno de los actos no sólo de los legisladores sino de todas las autoridades incluyendo al Presidente electo.
Hace unos días escuchaba el discurso de la Dip. Xochitl Zagal Ramírez quien mencionó ante la cámara de Diputados, en un discurso al parecer dirigido a algunos diputados no morenistas por supuesto y en un contexto de la mal llamada “consulta popular” del NAIM, que: “(…) sabemos que duele mucho y que hay que ponerse mucho ungüento cuando se ganan solamente siete distritos en el país y que la mayoría del pueblo de México nos cedió la responsabilidad de conducir, si nos equivocamos o no en cómo vamos a gobernar México es algo que se va a definir en los próximos meses, (…), entonces no se preocupen SI ES LEGAL O NO ES LEGAL, si votan, si no votan, si se colocaron casillas o no, ustedes ya no tienen la batuta, ya nos cedió el pueblo de México el poder (…)”.[1]
A ojos vistos hay una pugna interna de legisladores por imponer voluntades, sean o no legales, ¡ojo! porque cada mexicano debemos considerar de suma importancia el respeto irrestricto de nuestra Carta Magna porque no está ahí de parapeto, no está ahí únicamente para conveniencia de intereses políticos, no está para ser doblegada por el legislador que cree tener poder sobre ella. El triunfo en las urnas el pasado mes de julio no es para imponerse, ellos dicen ser nuestra voz pues deben saber que no queremos imposición.
La “consulta popular” y la aprobación de la LFRSP
No debemos desdeñar los esfuerzos que quizá los legisladores estén realizando para terminar con la corrupción que corría alrededor de la construcción del NAIM, incluso debemos considerar como actos de buena fe que se le quiera eliminar, no obstante todos debemos ser conscientes que para llegar a ello primero se debe respetar la manera en que debemos consultar, no por nada hay legislación al respecto, no por nada están estatuidas las formalidades adecuadas para llevar a cabo una consulta popular.
¿Qué clase de ciudadanos seriamos si nos interesara poco la legalidad de dicha consulta? ¿En qué clase de ciudadanos nos convertiríamos si miráramos a otro lado mientras los legisladores pretenden dar legalidad a una consulta que no la tuvo? ¿Acaso ese no es un acto de corrupción? ¿No es atroz pensar que únicamente por el hecho de ser elegidos popularmente puede pisotear la ley?
Aunado a lo anterior está la reciente aprobación de la LFRSP (Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos) una ley que había estado en la congeladora legislativa desde el 2011 y la que no se tomaron la molestia siquiera de leer antes de autorizar su aprobación y publicación, legislación que, más allá de la falta de técnica legislativa que tiene, será fácil de combatir por ser tildada de inconstitucional.
No se va a lograr eliminar las pensiones de los ex presidentes ni disminuir los sueldos de los servidores públicos para que no sean mayor que el del Presidente Nacional, no se va a lograr el objetivo planteado y todo porque no se detuvieron a revisarla, todo debido a la premura de demostrarle al “pueblo” que ellos cumplirán sus promesas, todo debido a que no verificaron la funcionabilidad de un proyecto de 2011 en los tiempos actuales, no se logrará la meta porque todo lo que deseaban contrarrestar será combatido con instrumentos jurídicos legales que darán marcha atrás a ésta legislación… como dijimos, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones y, al parecer, de malos legisladores.
[1] Discurso dado durante la comparecencia del Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, transmitido a través del canal del Congreso en fecha 25 de octubre de 2018.