Con el propósito de que se revoquen las órdenes judiciales que frenan la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, el Ejecutivo Federal decidió invocar “el interés nacional” y decretar como Instalaciones Estratégicas todos los espacios, inmuebles, construcciones, equipo y demás bienes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), declara el colectivo #NoMásDerroches.
De acuerdo al comunicado del colectivo, la SEDENA solicitó en juicio que se revoque la suspensión definitiva bajo los siguientes argumentos:
*Que el Proyecto del AISL se encuentra integrado como Instalación Estratégica.
*Que la suspensión definitiva pone en peligro la defensa, integridad y soberanía del país por no permitir el despliegue de tropas para atender la seguridad nacional.
*Que pone en riesgo la “protección y seguridad para todos los ciudadanos de la República” al impedir la aplicación del Plan DN-III-E.
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La solicitud de revocación es la crónica de una maniobra anunciada. El 23 de agosto el Presidente de la República declaró que “… vamos a acudir a la facultad que tiene el Estado para poner a salvo el interés nacional” y el 29 de agosto que “Estamos ya tramitando que se resuelva en definitiva lo de los amparos … para tener a tiempo el nuevo aeropuerto”, señala el colectivo.
#NoMás Derroches argumenta que, lo único que suspendió el Poder Judicial fue la construcción del AISL hasta que se resuelva en definitiva el juicio. Esta suspensión no afecta ni la seguridad nacional, ni el interés social, ni el orden público. En todo caso, el Proyecto de construcción no es todavía un bien y no puede ser declarado Instalación Estratégica. Más aún, si algún efecto tiene la suspensión de la construcción del AISL es precisamente proteger el orden público, el interés social, las finanzas públicas y el medio ambiente.
De revocarse dicha suspensión, se lesionaría gravemente el derecho a un medio ambiente sano, la integridad y estabilidad de las personas que viven en las zonas aledañas a Santa Lucía, la vida y seguridad de los usuarios de las instalaciones aeroportuarias y cientos de miles de millones de pesos del erario, enfatiza el colectivo.
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Agregan que la acción del Ejecutivo “generaría un precedente preocupante y sumamente negativo para la protección de los derechos fundamentales en México abriendo la puerta para que en futuras ocasiones se apele a la “seguridad nacional” y el orden público con el fin de anular el derecho al amparo que tenemos los ciudadanos. El propio artículo 4° de la Ley de Seguridad Nacional indica que ésta se rige por el respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales.”
Concluyen que, el Poder Judicial de la Federación tiene la indelegable función de proteger a los mexicanos en contra de cualquier abuso por parte de las autoridades. Confiamos que el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México resolverá con imparcialidad, conforme a derecho y teniendo en cuenta, en todo momento, el bien común y los derechos de todos los mexicanos.
