A casi tres meses de iniciar el proceso electoral federal para elegir al próximo Presidente de la República, con graves cuestionamientos por su aparente injerencia en las recientes elecciones del Estado de México y Coahuila, el gobierno federal sufre de otro golpe contra su credibilidad y confianza al ser acusado por el influyente diario norteamericano The New York Times, de espiar a periodistas, defensores de derechos humanos, activistas y polí- ticos opositores, con un sofisticado y costoso software de fabricación israelí, denominado Pegasus, que es vendido únicamente a gobiernos para prevenir y combatir acciones de terrorismo, mafias, de cárteles de la droga y en general de delincuencia organizada.
El asunto se agravó por una ligera declaración al respecto del Presidente Enrique Peña Nieto, quién bromeo sobre estas ilegales acciones, comentando que él mismo ha sido espiado y sugiriendo que la ley debería aplicarse a las víctimas del espionaje gubernamental y no contra los espías, al grado que desde Ginebra, Suiza, el Director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco señaló que acudirá al Alto Comisionado de la onu para los Derechos Humanos para que instancias internacionales intervengan en el caso, por no confiar en la imparcialidad de la PGR en la investigación que está realizando por las denuncias que presentaron algunas de las personas presuntamente espiadas, agregando que en un aná- lisis técnico del centro de investigación Citizen Lab, de Toronto, Canadá, afirma que el programa Pegasus (comercializado por el fabricante israelí de armas cibernéticas nso Group), al ingresar a un teléfono celular inteligente, permite vigilar cualquier actividad, incluidos mensajes de correo electrónico, archivos, listas de contactos, información sobre ubicación y mensajes de chat, operando también como grabadora de audio o video, utilizando para ello el micrófono y la cámara incorporados al equipo.
Resulta muy preocupante que frente a la grave situación que vivimos en México, con los alarmantes niveles de incremento de la inseguridad, violencia, corrupción e impunidad, el gobierno federal -y algunos estatales-, utilicen este tipo de instrumentos de tecnología avanzada para vigilar y amedrentar periodistas, activistas y opositores políticos, que paradójicamente, constituyen un importante instrumento democrático y de denuncia contra el mal gobierno y el incremento de la criminalidad, nacional y transnacional. Esperemos que, como lo ha solicitado el Director de Human Rights Watch, el titular de la pgr Raúl Cervantes Andrade emprenda una investigación seria y responsable y lleve ante la justicia a los responsables y que estos actos de espionaje ilegal no queden impunes. Sin duda que el asunto será una prueba de fuego para demostrar que tiene los atributos y la capacidad para ser el primer Fiscal General de la República autónomo que la ciudadanía está reclamando.
No debemos correr nuevamente el riesgo, como sucedió con los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapan, que vengan funcionarios extranjeros de organismos internacionales de derechos humanos, a decirnos cómo hacer las investigaciones y acusarnos de omisiones. Tampoco hay que soslayar que, ante una orden judicial o cualquier petición legítima, la empresa proveedora de Pegasus, puede informar cuales son los teléfonos que han sido intervenidos o sujetos a actos de espionaje ilegal, que seguramente no fueron autorizados por un juez federal, única posibilidad legal de intervenir en nuestro país cualquier comunicación privada, de acuerdo con el artículo 16 Constitucional.
¿Acaso no sabrán los directivos del cisen y de otras agencias de inteligencia oficiales, que el ex Presidente de Panamá Ricardo Alberto Martinelli, fue detenido el mes pasado en Miami, Florida, acusado de utilizar fondos públicos para espiar ilegalmente a más de 150 opositores políticos durante su mandato presidencial entre 2009 y 2014, o que María del Pilar Hurtado, ex jefa de Inteligencia de Colombia, fue sentenciada por un juez por escuchas ilegales?
