Como era de esperarse, el anuncio oficial de la PGR declarando formalmente la muerte de los estudiantes de Ayotzinapa iba a generar una gran polémica y la desaprobación, no sólo de los padres y familiares de los normalistas, sino también de una gran cantidad de activistas, defensores de derechos humanos y de grupos de interés que se han “cobijado” en el tema.
Parece técnicamente correcto que después del cúmulo de material probatorio y de acciones realizadas por el Ministerio Público Federal en la averiguación previa del caso, particularmente después de contar con la declaración y confesión de Felipe Rodríguez Salgado alias “El Cepillo” -uno de los autores materiales de los hechos delictivos-, el Procurador Jesús Murillo Karam decidiera cerrar parcialmente la investigación. No es jurídicamente viable tener permanentemente abierta por presiones de opinión pública, una indagatoria en la que, en 4 meses de investigación, se han realizado 383 declaraciones ministeriales, 153 inspecciones ministeriales para corroborarlas, 487 dictámenes periciales de diversas materias, la información de 93 teléfonos celulares que confirman la relación de los detenidos con los hechos, de obtener 60 mil fragmentos de restos óseos que fueron enviados para su análisis a la Universidad de Innsbruck y de tener 39 confesiones que afirman que los estudiantes fueron incinerados en el sitio referido, conduciendo a la detención de 99 personas y existiendo 6 órdenes de aprehensión pendientes de concluir.
Lo cierto es que, más allá de que se trata de una de las investigaciones ministeriales más completas y rápidas de los últimos tiempos que ha practicado la PGR, el caso Ayotzinapa se ha convertido en un símbolo que refleja el hartazgo social por un sistema anacrónico. Es decir que en este asunto no estamos frente a un fenómeno de carácter judicial, sino ante un pretexto para obligar a la clase política a un cambio que deje atrás el sistema basado en el autoritarismo, la inseguridad, la impunidad y la corrupción, que ha propiciado desigualdad, injusticia e incremento de la pobreza.
Por estas razones, la declaración del Procurador Murillo Karam al afirmar que los 43 estudiantes están oficialmente muertos, desaparecidos y calcinados y que esa es la “verdad histórica”, además de ser muy fuerte, es natural que no sea aceptada por amplios sectores de la sociedad mexicana. En este contexto, las declaraciones de representantes de la oposición, de dirigentes de organizaciones de Derechos Humanos y del propio titular de la CNDH, en el sentido de que este asunto no está cerrado, y que para ellos está abierto, no es más que un reflejo del justo reclamo por el cambio que la sociedad espera y al que se comprometió hace 2 años en su campaña y en su toma de posesión el Presidente Enrique Peña Nieto.
Qué bueno que los familiares y los activistas inconformes exijan a la autoridad un cambio profundo de las instituciones del Estado mexicano, sobre todo para que acontecimientos como el de Ayotzinapa no se repitan, que se implementen medidas preventivas para que la delincuencia organizada deje de cooptar operadores jurídicos de los 3 niveles de gobierno, pero es menester que éstas se realicen por los canales institucionales y no generando violencia y caos, afectando a la propia sociedad que también está inconforme. Que no se insista en solicitar a la PGR algo que no está en su esfera de atribuciones legales, si ya cumplió con su trabajo.
