A raíz de las declaraciones del diputado Porfirio Muñoz Ledo de ser una colonia estadounidense y ser su muro, el canciller, Marcelo Ebrard respondió a las críticas y dejó claro que todas las naciones tienen derecho a hacer valer leyes migratorias.
Durante la conmemoración del 80 aniversario del exilio español, Marcelo Ebrard dijo, “y si quieres atravesar nuestro territorio para llegar a otro país, pues probablemente lo que vas a encontrar es que te vamos a decir ‘no queremos que atravieses nuestro territorio’, si vas de paso, si tu objetivo es llegar a otro país. ¿Por qué?, porque le vas a crear un problema a nuestro país”.
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Añadió, “cualquier país del mundo tiene derecho a ejercer esa potestad que, por cierto, está contemplada en la ley mexicana de migración”.
Para reducir los flujos de migración, que es condicionante para que E.U no imponga aranceles o medidas punitivas a México, el canciller recordó que se propuso un plan para promover el empleo en Centroamérica.
A modo de reclamo, el funcionario declaró, “Pues en vez de sólo preocuparte por decirle a la gente que no vaya o enojarse con México porque pasan por aquí, pues mejor ponte a invertir en Centroamérica y démosle empleo a la gente, igualmente que en el sur de México”.
Responden a Muñoz Ledo
En el mismo sentido, Ebrard dijo que con ese criterio “entonces que ya no haya fronteras; o sea, si pedirle a alguien que se registre para entrar a México es un muro, pues entonces mañana decretemos que en el aeropuerto internacional entre todo mundo”.
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Mientras que Olga Sánchez Cordero considera que la ley no se viola, en una entrevista comentó que las atribuciones de Segob no se vulneran al relegar el tema migratorio a la SRE.
Además, enfatizó que no se puede tener a tantas personas no identificadas “circulando libremente” por el territorio, al referir que la Guardia Nacional no podrá contener una caravana de 2 mil o 3 mil personas.
Vulneración de derechos humanos en la frontera
Organismos de protección de derechos humanos han comentado que hay riesgo de que ocurran graves violaciones a los derechos de los migrantes ante el despliegue de la Guardia Nacional porque no hay claridad de su actuación.
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“Preocupa que el Gobierno haga patente la política migratoria de seguridad, al enviar a la frontera sur a seis mil elementos de la GN como contención a los flujos migratorios, sin que haya claridad en sus límites y protocolos de actuación”, indicó el Consejo Consultivo de la CNDH.
Human Rights Watch, a través de su director Daniel Wilkinson, consideran que “Si el Gobierno de López Obrador lleva a cabo este plan, implicará el despliegue de una fuerza esencialmente militar, no contra organizaciones delictivas, sino contra familias y niños pobres, muchos de los cuales huyen de grupos violentos”.
