El polémico y controvertido caso sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sigue dando de qué hablar. Primero fue la verdad Histórica de la PGR, la cual le costó el puesto y la carrera política a Jesús Murillo Karam. Después, el desmentido del Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh). Más tarde, la reiteración de la Verdad Histórica por parte de Arely Gómez González y los peritajes sobre la incineración de los cuerpos de los estudiantes. Para seguir con las filtraciones, por parte de la dea, de las grabaciones que forman parte de un expediente judicial que se encuentra en Estados Unidos, en las cuales se puede corroborar que la orden de asesinar a los estudiantes vino desde Chicago, por parte del capo del grupo delincuencial Guerreros Unidos.
La última noticia es la sentencia emitida en junio por un Tribunal Colegiado en Tamaulipas, en la cual ordena la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia para investigar el caso Ayotzinapa, integrada por la pgr, la cndh y los familiares de las víctimas. Dicha sentencia también contempla la reposición del procedimiento, desde la declaración de los presuntos sicarios, por considerar que existen indicios de tortura en la obtención de sus confesiones; así como la elaboración de nuevos dictámenes periciales con base en el protocolo de Estambul, para determinar si efectivamente hubo o no tortura, y el eventual acceso a instalaciones militares.
Este fallo encendió los focos rojos en varias dependencias del Ejecutivo Federal (Consejero Jurídico del Ejecutivo, pgr, Sedena, Semar y Segob, entre otras), las cuales lo consideraron político y no jurídico, anticonstitucional y más allá de las facultades de un órgano judicial. A pesar de que, de acuerdo con nuestro procedimiento penal, es considerada una sentencia definitiva, por el hecho de haber sido dictada en un recurso de revisión de un juicio de amparo, se han seguido presentando recursos por parte de dependencias oficiales y de particulares para tratar de revertir lo que parece una decisión judicial exorbitada.
El pasado mes de julio, el Tercer Tribunal Unitario de Tamaulipas dictó otra sentencia que frena la anterior, dando la razón a la PGR sobre la imposibilidad de cumplir el fallo que ordena la creación de la Comisión de la Verdad, y concede una suspensión al reconocer que constitucionalmente es el Ministerio Público quien tiene la facultad exclusiva de investigar y perseguir delitos, y las atribuciones de la sentencia que ordena la creación de la Comisión vulneran la naturaleza jurídica de la autoridad investigadora.
En efecto, la sentencia del Tribunal Colegiado rompe con el orden jurídico mexicano al pretender la creación de un órgano de investigación de delitos, despojando a la pgr de las atribuciones que la Constitución y la ley les impone; incluyendo a la cndh, la cual, como Ombusdman nacional o defensora del pueblo, tiene la autoridad moral para únicamente emitir recomendaciones; y lo más aberrante, incorporar con un rol estelar a los familiares de las víctimas en la investigación oficial de delitos, lo que resulta un exceso de los juzgadores federales.
En contra de esta controvertida sentencia, autoridades y particulares han presentado diversos juicios de amparo y recursos extraordinarios. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decidido atraer el caso, ordenando le remitan los expedientes sobre los recursos pendientes de resolverse, por lo que la última palabra sobre este espinoso asunto recaerá en el máximo tribunal del país, lo que dará mayor certidumbre y limitará las pretensiones de algunas ong y de morenistas que desean politizar aún más este delicado asunto. Recordemos que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, encargó a su futuro Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, dar seguimiento al caso.
