Las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y la de Presupuesto y Cuenta Pública, aprobaron el proyecto de dictamen por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado; además, se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General De Responsabilidades Administrativas, y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El documento fue aprobado en lo general y en lo particular por 18 votos a favor, 7 abstenciones y cero en contra, de los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; y por 24 votos en pro, 11 abstenciones y cero en contra por los diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
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El dictamen refiere que con la política de austeridad republicana que esta ley fomenta, el gobierno de México tendrá mayores posibilidades de atender a la población en general, independientemente de su estatus socioeconómico, su lugar de residencia, condición migratoria, género, preferencias sexuales, ideología o religión, garantizando el derecho a una buena administración pública y los derechos humanos de todas las personas.
Se eliminarán privilegios, como la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida o de separación individualizada o colectiva; evitar el engrosamiento del aparato burocrático, desarrollando las funciones del Estado sin crear nuevas plazas ni aumentar sus dotaciones y limitar el uso de bienes muebles e inmuebles y los recursos humanos propiedad del Estado y a su servicio, así como al cumplimiento de fines de utilidad pública y servicio directo a la población.
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Reducirá el gasto público al eliminar las pensiones de retiro a quienes hayan sido titulares del Ejecutivo federal, distintas de las que otorga el ISSSTE, así como la asignación de servidores públicos, civil o de las fuerzas armadas cuyos costos sean cubiertos con recursos del Estado.
Establece que a los funcionarios públicos “Por ningún motivo se autorizarán bonos, estímulos, comisiones económicas, compensaciones o percepciones extraordinarias al salario asignado, fuera de lo que se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, en las Condiciones Generales de Trabajo y considerando la normatividad aplicable”.
El proyecto incluye modificaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en los artículos 7, 49 53 y 59; así como en sus artículos 43 Bis, 60 Bis, 63 Bis y 64 Bis para establecer, entre otras cosas, que los servidores públicos se abstendrán de asociarse con inversionistas, contratistas o empresarios para cualquier negocio privado que afecte su desempeño imparcial y objetivo.
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Por lo que hace a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, propone en la fracción II del artículo 61 promover el uso intensivo de la infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones existente, a fin de reducir el costo de los recursos materiales y servicios generales del gobierno.
Establece límites en la adquisición y arrendamiento de bienes, muebles e inmuebles, así como para contratar servicios y obra pública, buscando la máxima economía, eficiencia y funcionalidad.
