Mtro. Álvaro Luna Pacheco
Maestro en derecho y catedrático de la UNAM, socio fundador de Olppaemi Abogados S. C.
Para nadie resultaría una sorpresa, si yo afirmara que la Ciudad de México es hoy, una mezcla de culturas, costumbres, niveles económicos y sociales de la más diversa índole. Pero sobre todo, una entidad (porque ahora es una entidad) que se encuentra asentada en un territorio que ya le resulta insuficiente para el tamaño de su población, y más aún para el conglomerado de carencias educativas y de civilidad que presenta.
Todos lo observamos al salir de nuestra casa, al circular por las principales vialidades, al tomar el transporte público, al pretender salir por las noches. También al encender la radio o el televisor en cualquiera de sus espacios noticiosos: el combate a la inseguridad, al tráfico de drogas, la corrupción, la impunidad, son temas que a todos nos preocupan y han sido parte de las conversaciones del día a día o en los grupos de nuestras vidas públicas, en el hogar, con nuestros hijos, esposas y esposos, o selectos grupos privados basados en el afecto.
Una Ciudad que ha tenido en sus recientes gobiernos, polarizados por la política nacional, acciones valientes e impopulares, pero representativas de quienes aspiran a denominarse demócratas. Decisiones como la legalización del aborto, el establecimiento de las sociedades de convivencia y el matrimonio igualitario, la iniciativa de desindexación del salario, la construcción de carreteras en segundos pisos, vialidades conurbadas a base de expropiaciones, etc. son algunos ejemplos de que, en ocasiones, los actos de la administración pública, deben ser prioridad frente a la popularidad del gobernante. Desde luego que la desigualdad en las diferentes “regiones”, “Delegaciones” o “Colonias” es marcada y persistente. La distribución de las riquezas en la ciudad es inequitativa, y también lo es el presupuesto, de ello no hay duda. Sea por la inadecuada administración central, por la asignación presupuestal o por la corrupción que subsiste en las aún denominadas delegaciones, padecemos el mal estado de las calles, banquetas, luminarias, áreas verdes, etc.
La delincuencia sigue presente y la atención de las autoridades deficiente. Creer que la generación de una Constitución para la Ciudad de México será la solución a estos problemas, es esperar al flautista de Hamelin que habrá de llevar tras de sí todas estas calamidades que día con día nos acechan. J. J. Rousseau exponía en el Contrato social que un estado fuerte no depende para serlo de su gran tamaño territorial o población; por el contrario, explica que la dificultad para gobernarlo y administrarlo siempre será mayor debido a las distancias y a la imposibilidad de observar de manera más franca y directa a los gobernados, de conocerles y atender de manera pronta y eficaz su problemática y sus necesidades. Este principio deberá observarse al evaluar la conformación de las nuevas circunscripciones territoriales, pues es tal el tamaño en Iztapalapa, Gustavo A. Madero o Cuauhtémoc, que requieren de su división para un eficiente funcionamiento y dotación de servicios.
Hoy, instaurar en la hoja de papel a la que se refiere Ferdinand Lassalle, la constitución que corresponde a la capital del país, deviene en 2 temas medulares:
- Establecer la forma en que habrá
de organizarse a los diferentes
órdenes competenciales
de gobierno; y - Erigirse como un documento
pionero que reconozca y garantice
derechos fundamentales de
la más reciente generación.
Lo primero resulta sencillo, salvo por aquellos intereses conflictivos que hay entre partidos políticos, lo cual será resuelto, si no es que ya lo está, por aquellos que han hecho del gobierno su modus vivendi. Lo segundo, en realidad, podría ser un tema que coloque a la Ciudad en un plano relevante, no sólo en el país, sino a nivel internacional. Sin embargo, debe tenerse mucho cuidado, la sobre protección o el garantismo del que nos ha hablado Ferrajoli pueden ser elementos que, lejos de proteger la libertad y justicia social, perjudiquen al interés general, pues en manos de irresponsables e ignorantes, son fuente de impunidad.
La idea del constituyente de proponer e impulsar derechos bajo los títulos de:
1. Ciudad de libertades y derechos (artículo 10 del proyecto)
2. Derecho a la ciudad (artículo 11 del proyecto)
3. Ciudad democrática (artículo 12 del proyecto)
4. Ciudad educadora y del conocimiento (artículo 13 del proyecto)
5. Ciudad solidaria (artículo 14 del proyecto)
6. Ciudad productiva (artículo 15 del proyecto)
7. Ciudad incluyente (artículo 16 del proyecto)
8. Ciudad habitable (artículo 17 del proyecto)
9. Ciudad segura (artículo 18 del proyecto)
10. Ciudad garantista (artículo 19 del proyecto)
Puede, sin lugar a dudas, representar la base sobre la cual los ciudadanos accedamos al privilegio de reclamar judicialmente el cumplimiento de diversas obligaciones que por su propia naturaleza y origen debe tener el Estado, que es garantizar el bien común de sus habitantes. Sin embargo, no dejará de ser una servilleta de restaurante impresa por finas plumas, ante la heredada incompetencia de la clase gobernante, su ignorancia legal y la creciente necesidad de imponer un orden social que ha rebasado a las propias estructuras del poder. De tal suerte que podríamos estar ante la eventual contingencia de depender de la burocracia judicial más infernal que hayamos vivido, o en el mejor de los casos, el ideario constitucional más progresista de nuestra historia, pero sin mayor fuerza que la de las letras muertas. En efecto, un sistema de reconocimiento de derechos no es, y jamás será eficaz, si los son depositarios de la facultad de aplicar y ejecutar las leyes, carecen de los conocimientos suficientes y la ética necesaria, para hacerlo de manera justa. Me permito hacer una breve reflexión sobre lo que podría ser el Tribunal Constitucional de la Ciudad de México (artículo 41 del ante proyecto) que habrá de conformarse por 7 magistrados quienes tendrán, entre otras, la responsabilidad de establecer juzgados tutelares en las demarcaciones territoriales, los cuales “habrán de conocer de la acción de protección efectiva de derechos reconocidos” por la propia Constitución de la Ciudad de México, “declarar la procedencia, periodicidad y validez del referéndum” y resolver las controversias que surjan entre las leyes ordinarias de la ciudad y su carta constitucional; esto último en un tiempo de 30 días (según el ante proyecto). Para tan delicada función debe convocarse a juristas conscientes de la gran responsabilidad que representa dicho encargo, comprometidos con el servicio público, pero más con el servicio al público, quien requiere de decisiones legales justas y no de complicidades gubernamentales; de juzgadores que no hagan política y que constituyan una nueva generación de magistrados dignos de respeto y confianza.
Para pensar: ¿Habrá injerencia de los partidos políticos en el nombramiento de jueces y magistrados de los órganos que serán de nueva creación?, ¿quiénes contarán con carrera judicial?, ¿podremos establecer un nuevo orden judicial que sea ejemplar para el país en el combate a la corrupción?
