En noviembre de 1992, se realizó la primera Cumbre Europea sobre las Mujeres y la Toma de Decisiones, en donde un grupo de ministras y exministras europeas suscribieron un documento conocido como la Declaración de Atenas (al parecer coincidieron con la diosa guerrera) en donde se analizó la situación de las mujeres, no exenta de crítica por la exclusión en los espacios de poder político, lo que se consideró como un déficit en la democracia. Frente a ello se propuso que, para asegurar el ejercicio de derechos de las mujeres, era necesario avanzar hacia una “democracia paritaria”.
En la Declaración de Atenas se insiste en que: “La igualdad formal y real entre mujeres y hombres es un derecho fundamental del ser humano. La igualdad exige la paridad en la representación y administración de las naciones. Las mujeres representan la mitad de las inteligencias y de las cualificaciones de la humanidad y su precaria representación en los puestos de decisión constituye una pérdida para la sociedad en su conjunto y […] no permite tomar plenamente en consideración los intereses y las necesidades del conjunto de la población. Una participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en la toma de decisiones es susceptible de engendrar ideas, valores y comportamientos diferentes, que van en la dirección de un mundo más justo y más equilibrado tanto para las mujeres como para los hombres”.
Ese mismo año y bajo la consigna “Al poder, ciudadanas: Libertad, Igualdad y Paridad”,[1] las mujeres francesas sin importar ideologías se unieron para demandar la paridad en Francia, proponiendo que las cámaras nacionales y territoriales estuvieran formadas por igual número de mujeres y de hombres. Pero no fue sino hasta 1998 que el Primer Ministro francés, Lionel Jospin, presentó un proyecto para añadir al artículo 3 de la Constitución francesa lo siguiente: “La ley favorece el acceso igual de mujeres y hombres a los mandatos y las funciones”.
Durante las discusiones en el parlamento a propósito de la reforma, se decidió modificar también el artículo 4 de la misma Constitución, que regula a los partidos políticos de la siguiente forma: “Los partidos contribuirán a la puesta en práctica del principio que se enuncia en el último apartado del artículo 3 en las condiciones que la ley determine”. Dichas modificaciones a estos artículos fueron aprobadas por el Parlamento en junio de 1999.
En 2007, los Estados Latinoamericanos y Caribeños, en el marco de la X Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, suscribieron el Consenso de Quito, en el que reconocieron que: “La paridad es un mecanismo propulsor de la democracia y constituye una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres. Ello porque su finalidad es ‘alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y política’ pero también ‘en las relaciones familiares […] sociales, económicas, y culturales’”.[2]
En la misma Conferencia se acordó adoptar todas las medidas de acción positiva o mecanismos para asegurar la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación política.
En el 2010 se llevó a cabo la XI Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe o Consenso de Brasilia, en la que se ratificó́ el llamado hacia la paridad y la adopción de políticas afirmativas para lograrla. Además, se insistió en el acceso igualitario de las mujeres a los espacios de decisión dentro de los partidos políticos.
Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una democracia paritaria?
La democracia fue pensada para que todas las personas sean consideradas como iguales en la ley y ante la ley, sin diferencias entre las personas y promoviendo la igualdad de oportunidades para ellas. Además, la democracia permite a las y los ciudadanos ejercer su poder a través de la elección de sus representantes. Sin embargo, no podemos ignorar que desde su inicio como forma de gobierno, las mujeres estuvieron excluidas o limitadas en el ejercicio de sus derechos, aún más en el acceso a las oportunidades; sin soslayar que la participación de las mujeres en la toma de decisiones políticas es reciente. Por todo ello, es importante considerar que la paridad en un primer momento es una forma de crítica a la democracia representativa que no ha sido capaz, en la práctica, de garantizar el ejercicio de los derechos a quienes son excluidos o discriminados en la sociedad, entre ellos las mujeres.
“En nuestro país la reforma Constitucional en materia de Paridad del 2014 la encontramos dentro de las responsabilidades de los partidos políticos en el artículo 41 y acotada a la representación en cargos de elección en los Congresos Federal y Locales.”
Asimismo, la paridad es también una nueva visión de la democracia que promueve la participación en la toma de decisiones y en la representación política, pero insiste en que todas las personas sin exclusión ejerzan plenamente sus derechos y sean partícipes de la igualdad de oportunidades, hacer posible un principio fundamental de los derechos humanos, igualdad y no discriminación, es decir universalizar la democracia.
Por ello, el concepto de paridad va de la mano del concepto de igualdad sustantiva y no pueden entenderse una sin otra, es una nueva visión de sociedad, incluyente y equitativa, en donde las personas se desarrollen libremente. Como bien dicen las francesas “Igualdad, Libertad y Paridad” o como se ha dicho desde el movimiento feminista en términos coloquiales, no queremos una rebanada más grande del pastel sino cambiar la receta.
A partir de las propuestas de incluir la paridad en las Constituciones nacionales, diversos países han modificado las suyas. Bélgica, Túnez, durante la llamada primavera árabe, Senegal; y en Latinoamérica Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua y México.
En nuestro país la reforma Constitucional en materia de Paridad del 2014 la encontramos dentro de las responsabilidades de los partidos políticos en el artículo 41 y acotada a la representación en cargos de elección en los Congresos Federal y Locales de la siguiente manera: “Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así́ como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales”.
A partir de la misma se han modificado diversas legislaciones secundarias, tanto nacionales como locales, y ha surgido una serie de normas administrativas para asegurar que la misma se cumpla. Es así que hoy contamos con un 48% de mujeres desempeñándose como diputadas Federales y un 49% en el Senado, además de su presencia en los Congresos estatales y un gran avance en la representación municipal.
Sin embargo, la paridad no ha llegado a la representación en todas las esferas del poder político, sobre todo no ha avanzado en la eliminación de la desigualdad y la discriminación hacia las mujeres, aún seguimos enfrentando obstáculos que surgen de prejuicios tales como el de la “meritocracia necesaria” para ser candidata a un puesto o el que las mujeres llegan sólo por su condición de mujeres y no por sus capacidades, estos argumentos incluso son muy difundidos por las mismas mujeres. No obstante, capacidades las tienen todas, es más, las estadísticas destacan más a las mujeres en diferentes campos educativos que a los hombres, es decir, parte del problema radica en que no se valoren debidamente las aportaciones de las mujeres.
También se ha insistido en la libertad de los partidos políticos para establecer sus procesos internos “democráticos”, mediante los cuales pueden ser beneficiados mayoritariamente los hombres, es decir, exigen democracia de manera externa pero de forma interna no la practican, así lo demuestra la cantidad de impugnaciones contra candidaturas femeninas originadas por los partidos que las postularon.
La paridad es ya un principio constitucional, en la representación política corresponde a los partidos políticos hacer de ello una realidad y a las instituciones del Estado tutelar los derechos políticos de las mujeres, ello incluye a la administración pública en todos los niveles.
“La paridad no ha llegado a la representación en todas las esferas del poder político en México, sobre todo no ha avanzado en la eliminación de la desigualdad y la discriminación hacia las mujeres, aún seguimos enfrentando obstáculos que surgen de prejuicios tales como el de la “meritocracia necesaria” para ser candidata a un puesto o el que las mujeres llegan sólo por su condición de mujeres y no por sus capacidades.”
Para comprender lo anterior, podemos traer a colación algunos datos estadísticos. En el gobierno federal la mayor participación de mujeres es en las direcciones de área con 33% y en direcciones generales adjuntas 24%, en puestos de mayor importancia no llegamos ni al 20%.[3] En las empresas paraestatales es difícil encontrar una mujer en un cargo de dirección ya que sólo llegamos al 16%. En el Poder Judicial al parecer no hay abogadas, aunque es una de las carreras preferidas por las mujeres, ya que sólo el 19% son titulares en algún cargo. Además de que para alcanzar la igualdad salarial, las mujeres mexicanas requerimos de un aumento urgente a nuestros salarios del 26%.
Por otro lado, sólo el 7% de los cargos directivos en las empresas privadas son para mujeres. 4 de cada 10 mujeres en edad de trabajar tienen un empleo formal, en su mayoría de dos salarios mínimos, tenemos un precario acceso al crédito y pocas oportunidades de desarrollo empresarial. Eso quizá explica que podemos ser las reinas del hogar pero no las propietarias, ya que el 73% está a nombre de los varones y sólo el 16% de las mujeres posee propiedades.
Para asegurar la paridad debemos considerar que el principal obstáculo en México para el desarrollo y participación de las mujeres es la violencia dentro y fuera del hogar, siete de cada 10 mujeres sufren alguna forma de violencia y 8 de cada 10 se sienten inseguras cuando salen a la calle o en el transporte público. La muerte violenta de mujeres nos coloca en los primeros lugares a nivel mundial y la trata de mujeres y niñas nos ha situado en el mapa mundial con niveles alarmantes.
Además, está comprobado que las adolescentes que son madres tienen menores oportunidades de desarrollo. Somos ya el primer lugar en embarazo de niñas y adolescentes, 12 de cada 100 niñas son madres antes de cumplir los catorce años.
Por otra parte, las mujeres le aportamos al presupuesto público 3,061 billones de pesos, en trabajo no remunerado y en cuidado de las y los niños y de personas enfermas o con alguna discapacidad. Ya es tiempo de que se reconozca nuestro trabajo y contribución a la riqueza del país, a la semana las mujeres “donamos” 2,520 millones de horas al cuidado del hogar y la familia incluyendo enfermos y personas con discapacidad. Y las jefas de familia sostenemos, sin ningún apoyo, el 30% de los hogares en México
Lo que no se puede perder de vista es que la paridad trae consigo un cambio cualitativo en la sociedad, como la eliminación de los obstáculos para que todas las personas podamos participar en las decisiones de nuestro país. Por ello es urgente que erradiquemos la violencia y la pobreza, empezando por las brechas de desigualdad y discriminación que ha mantenido a millones de mexicanos, y en especial a las mujeres, excluidas de la democracia. Pero también necesitamos hacer uso de las llamadas acciones afirmativas o medidas especiales que acorten las brechas de desigualdad y aseguren la inclusión de las mujeres en todos los espacios, toca al Congreso de la Unión paritario hacerlo posible. Por lo pronto la Iniciativa de Reformas Constitucionales fue presentada por el Presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Porfirio Muñoz Ledo, para acelerar toda la maquinaria del Estado a fin de lograrla. Por otra parte, se tiene el compromiso del Presidente del Senado, Martí Batres, de que la inclusión de mujeres en todos los espacios y poderes del Estado será una realidad.
De lograrlo, sería un “cambio verdadero”.
[1] Documento elaborado por Françoise Gaspar, Claude Servan-Schereiber y Anne Le Galle.
[2] CEPAL. Consenso de Quito. Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Quito, Ecuador. Del 6 al 9 de octubre, Párrafo 17.
[3] Datos extraídos de Inegi.
