Frente a las críticas expresadas por el Presidente AMLO contra el juez federal que concedió un amparo contra la reforma eléctrica y otorgó una suspensión, el titular del Poder Judicial salió en defensa de los jueces y del Poder Judicial, a través de su cuenta de Twitter, recordándole a AMLO que tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo tienen a su alcance recursos legales para impugnar el fallo ante un tribunal colegiado.
Esta reacción del presidente de la SCJN por las acusaciones al juez, en el sentido de que, por conceder la suspensión, estaba “al servicio de intereses privados”, cayó bien en el medio judicial, político y académico, sobre todo porque aseguró que los jueces federales actúan con independencia y autonomía y que el Consejo de la Judicatura Federal (que él preside), garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad. Sus fallos, dijo, pueden ser recurridos, pero deben ser respetados “bajo la óptica de la independencia judicial”.
No obstante, AMLO pidió se investigue a los jueces que han dictado fallos suspendiendo su reforma eléctrica, argumentando que están al servicio de las empresas extranjeras y privadas, además de que sería el colmo que el Poder Judicial en México esté al servicio de particulares.
Alguien debería orientar al Presidente López Obrador sobre el hecho de que la suspensión concedida por el juez Juan Pablo Gómez Fierro, del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, es legal y está ajustada a lo establecido en la Ley de Amparo y que haber suspendido los efectos de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica es una práctica normal en este tipo de juicios, que en el caso concreto fueron promovidos legalmente por las empresas Eoliatec y el Parque Solar Orejana de Zuma Energía. Por lo que se trata de un asunto lícito que el juez revise si se violan o no derechos humanos de los quejosos, al eliminar el criterio económico para despachar primero las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE, sobre las privadas renovables eólicas y solares.
Es decir, que nadie está cometiendo el delito de “traición a la patria”, ni afectando los intereses del pueblo, ni mucho menos poniéndose al servicio de particulares, al promover un juicio de amparo, bajo un procedimiento completamente ajustado a la ley de la materia. No hay que olvidar que durante el proceso de aprobación de la reforma el Presidente comentó que las empresas afectadas “estaban en todo su derecho” de impugnar la ley y ahora que lo hacen critica sus recursos y las decisiones judiciales, completamente ajustadas a nuestro marco jurídico.
Por más de dos siglos nuestra Ley de Amparo ha sido un instrumento que nos ha dado un gran prestigio internacional en el ámbito judicial y que ha sido una gran herramienta para defender el respeto de nuestro Estado de Derecho, la división de poderes, el respeto a la Constitución y los derechos humanos de los gobernados contra arbitrariedades y abusos de poder de los gobernantes.
Es una señal positiva que el foro, la academia y una gran parte de la clase política, respalden la autonomía e independencia del Poder Judicial y la permanencia de la Ley de Amparo. Como el propio AMLO ha dicho: NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY. Ni en el caso de la reforma eléctrica, ni en ningún otro.
