El servicio pro bono es una práctica solidaria que deberá ser inculcada desde las universidades.
En marzo del 2005, en la Cumbre Estratégica para las Américas, organizada por el Centro Cyrus R. Vance,[1] en la ciudad de Nueva York, se creó el comité redactor la declaración de principios y plan de acción para expandir el compromiso de los abogados para la prestación de servicios legales pro bono.
La Declaración de Trabajo Pro Bono para el Continente Americano (DPBA) entró en vigor el 1 de enero de 2008, y compromete a sus firmantes llevar a cabo un mínimo de 20 horas de trabajo pro bono por abogado por año, que beneficien principalmente a personas o comunidades pobres o menos privilegiadas y a las organizaciones que los asisten. Más de 500 firmas de abogados, colegios de abogados, facultades de derecho y ONG, entre las que se encuentran firmas legales mexicanas han firmado la DPBA,[2] cuya asunción continúa expandiéndose en América Latina con nuevos adherentes en Canadá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
El servicio pro bono es una práctica solidaria que deberá ser inculcada desde las universidades con la obligación para sus estudiantes de realizar este servicio en beneficio de la sociedad.
[1] El Centro Vance promueve la justicia global mediante la participación de abogados a través de las fronteras para apoyar a la sociedad civil y una profesión jurídica éticamente activa. http://www.vancecenter.org/vancecenter/
[2] Declaración de Trabajo Pro Bono para el Continente Americano (DPBA) Texto completo en http://www.vancecenter.org/vancecenter/
