En una sesión remota transmitida en vivo por televisión, internet y algunas redes sociales, el pasado lunes 11 de mayo el Pleno de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró por unanimidad de 11 votos la inconstitucionalidad del Decreto emitido por el Congreso de Baja California (BC), que reformó el artículo octavo transitorio del decreto 112 de la Constitución del Estado, publicado en el periódico oficial local mediante el acuerdo 351 del 17 de octubre de 2019, que ampliaba de 2 a 5 años el periodo del Gobernador de BC Jaime Bonilla Valdés, decreto conocido popularmente como “Ley Bonilla”.
La totalidad de los ministros respaldaron en todos sus términos el proyecto presentado por el ponente Fernando Franco González Salas, que de manera exhaustiva combatió todos los argumentos de defensa presentados por el Congreso del Estado de BC y por el titular del Ejecutivo local, asegurando que la reforma era inconstitucional porque se hizo violando el artículo 105 de la Constitución que establece claramente que cualquier reforma en materia electoral debe hacerse antes de 90 días de que inicie un proceso electoral, local o federal, lo que no aconteció en este caso, en que la reforma que amplió el periodo del gobernador de 2 a 5 años fue incluso con posterioridad al día de la votación, pretendiendo darle efectos retroactivos, lo que igualmente constituye una violación a la Ley Suprema.
Los ministros establecieron que la reforma impulsada por el grupo parlamentario del PAN, que entonces tenía mayoría en el congreso local, fue un “atropello” a los derechos electorales, entre ellos a votar y ser votado, así como a los principios de la democracia en México, principalmente a la no reelección y, por lo tanto, era un fraude a la ley.
En cuanto a los efectos del fallo, el Pleno señaló que como consecuencia de la invalidez del Decreto de reforma impugnado por la mayoría de los partidos políticos nacionales (PAN, PRI, PRD, MC y por la CNDH), deberá regresarse a la aplicación del artículo octavo transitorio en su redacción original que establece: “el Gobernador electo en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021«. Es decir, será gobernador solamente dos años.
Antecedentes de la “Ley Bonilla”
En las elecciones locales del pasado 3 de junio de 2019 Jaime Bonilla Valdés, candidato a Gobernador de BC por la coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por los partidos Morena, PT y PES, obtuvo el 50.38% del total de los votos emitidos durante la jornada electoral, alzándose como el incuestionable ganador de la elección, expidiendo la autoridad electoral local su constancia de mayoría, declarando que su periodo de gobierno sería por dos años. Sin embargo, un mes después, el 9 de julio, el diputado Víctor Manuel Morán, de Morena, presentó ante el Congreso de BC una iniciativa de reforma al artículo octavo transitorio de la Constitución local, para que el próximo gobernador, Jaime Bonilla, pudiera permanecer en el cargo cinco años, afirmando que realizar nuevas elecciones en dos años representaría un gasto sustancial para el erario estatal.
Con 21 votos a favor y 1 en contra, la anterior Legislatura local –con mayoría de diputados del PAN–, aprobó dicha reforma que, como beneficiaba directamente al candidato triunfador, se le identificó en los medios como “Ley Bonilla”, emitiendo el 23 de julio de 2019 el Congreso del Estado la declaración de aprobación de la ampliación del mandato de Bonilla de dos a cinco años, siendo de inmediato objeto de críticas por parte de actores políticos y empresariales locales y nacionales, anunciando que la impugnarían ante las autoridades federales competentes, dando inicio a una cadena impugnativa encabezada esencialmente por el PAN, PRI, PRD y MC, primero ante el Tribunal Electoral local en BC, que declaró valido el periodo de cinco años en un primer juicio, luego valido por un periodo de seis años, fallos que fueron revocados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que consideró, sin entrar al fondo del asunto, extemporáneos los recursos presentados ante el tribunal local, ordenando dejar firme el periodo de gobierno de dos años.
Frente a este escenario de resoluciones judiciales electorales contradictorias, la situación jurídica y política dio una voltereta al haber aprobado –después de la jornada electoral–, el Congreso de BC (de mayoría panista) una reforma al artículo octavo transitorio ya mencionado, que declaró la ampliación del periodo del gobierno de Bonilla de dos a cinco años.
Casi inmediatamente se produjo el cambio de legisladores locales recayendo la mayoría de la Cámara en el grupo de Morena, que frente a la presión para que publicaran la “Ley Bonilla” y que pudiera ser impugnada ante la Corte, por tratarse de un reforma a la Constitución de BC, la mayoría de Morena decidió que el asunto se definiera mediante una consulta ciudadana, similar a las que ha venido convocando el gobierno federal de la 4T, bajo el argumento de que así se daría una “mayor legitimidad democrática a la reforma constitucional de dicha ampliación del mandato para el ejercicio del cargo de Gobernador”. De esta manera, el domingo 13 de octubre se llevó a cabo en BC la consulta ciudadana sobre la “Ley Bonilla”, instalándose 250 casillas, resultando que la mayoría de los participantes opinaron estar de acuerdo en que Jaime Bonilla gobernara por cinco años y no por dos.
“Con este fallo, la SCJN además de demostrar la vigencia de la autonomía del Poder Judicial de la Federación, dio una bocanada de aire fresco y de esperanza a la sociedad mexicana, que espera frene los frecuentes abusos de poder y las frecuentes violaciones a nuestro marco constitucional y legal.”
Una vez que se dieron a conocer los resultados de la consulta, el Congreso de BC publicó la “Ley Bonilla” en el Periódico Oficial del Estado y casi de inmediato los principales partidos de oposición; posteriormente, la CNDH interpuso ante la SCJN varias Acciones de Inconstitucionalidad por considerar que la reforma del Congreso local que amplió el plazo a Jaime Bonilla para gobernar por cinco años, era contraria a la Constitución Federal, y el pasado lunes 11 de mayo, como ya se señaló, el Máximo Tribunal del país, con el voto unánime de sus 11 ministros, decidió que la “Ley Bonilla” era ilegal y ordenó al Congreso local dejar sin efectos la reforma de los cinco años y dejar nuevamente vigente el periodo de dos años.
Con este fallo la SCJN, además de demostrar la vigencia de la autonomía del Poder Judicial de la Federación, dio una bocanada de aire fresco y de esperanza a la sociedad mexicana, que espera frene los frecuentes abusos de poder y las frecuentes violaciones a nuestro marco constitucional y legal que el gobierno federal y su titular, el presidente AMLO vienen haciendo a través de “Decretos”, en sus intentos de avanzar en la imposición de la 4T sin respetar el Estado de Derecho.
