A pesar de existir varias pruebas contundentes en su contra y de haber sido condenado por un Juez Federal a 30 años de prisión por el delito de Secuestro, argumentando violaciones al debido proceso, nuevamente un magistrado puso en libertad a un peligroso delincuente.
Este hecho fue denunciado por el padre de la víctima, el ex entrenador de natación Nelson Vargas, acompañado de la Presidenta de Alto al Secuestro, la activista Isabel Miranda de Wallace, quienes acusaron públicamente al Magistrado Federal, José Merced Pérez Rodríguez, por haber dictado una resolución, que apoyada en un “tecnicismo”, le concedió la libertad a Isidro Solís Medina, uno de los miembros de la banda que secuestro y dio muerte a su hija Silvia Vargas, quién estaba plenamente identificado y confeso, acusando a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de permitir e impulsar este tipo de acciones, so pretexto de una revolución jurídica en materia de Derechos Humanos (DH), la cual provoca que bajo el argumento del respeto al debido proceso, se abra la puerta para que salgan de la cárcel peligrosos delincuentes, fomentando la impunidad que tanto daño hace a la sociedad.
Con razón el agraviado padre acusaba a los juzgadores del total olvido de las víctimas y de estar violentado la Constitución que señala enfáticamente en su artículo 20: “el objeto del proceso penal es esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen”. También señala que cualquier prueba obtenida con violación de DH será nula, pero nunca establece que por una prueba nula, serán nulas las demás o todo el proceso.
La sociedad mexicana vuelve a indignarse con este caso al atestiguar que juzgadores del Poder Judicial Federal, sean ministros o magistrados, liberan personas claramente involucradas en delitos de alto impacto que tanto dañan a la sociedad, como el secuestro. El caso de Florence Cassez fue el principio de esta oleada que parece no tener fin. Mientras tanto seguirá la pregunta ¿Y que pasa con los Derechos Humanos de las víctimas, también protegidos en la Constitución?
En breve entrará en vigor en todo el país el Sistema Penal Acusatorio- Oral y nos encontramos en la coyuntura de la creación y aplicación de protocolos en diferentes ámbitos como, la mujer, la niñez y la justicia para adolescentes y sería bueno que la Suprema Corte establezca, de una vez por todas, que una sola prueba mal aportada, no puede echar por tierra todo el material aportado y recabado en una carpeta de investigación. Que definan sí un delincuente, plenamente identificado, confeso, con varios elementos probatorios en su contra, puede alcanzar la libertad por un tecnicismo. Que definan si una prueba mal aportada está por encima del derecho de una víctima.
Por lo pronto, este caso abonará a la falta de credibilidad que un gran número de mexicanos tiene de nuestro sistema de justicia y aumentará la gran desconfianza que tiene de sus autoridades, incluidos los jueces y los políticos. Valdría la pena insistir a los juzgadores para que reflexionen si antes de tomar decisiones de esta naturaleza, si antes de poner en la calle a un secuestrador, violador o asesino, ¿interpretarían igual las normas del debido proceso, si la víctima fuera su madre, esposa, hija o un familiar cercano?
