Se aprobó la creación de la Guardia Nacional (GN), se promulgaron sus leyes secundarias, se dio banderazo a su inicio de operaciones, y cuando ya todos creíamos que la solución a los problemas de seguridad y violencia que aquejan al país desaparecerían, no contábamos con la inconformidad de los Policías Federales quienes a principios de julio se manifestaron en contra de su incorporación a la Guardia. El movimiento no tuvo mucho apoyo social y está de más decir porqué, pero los policías reprochaban malos tratos y violación a sus derechos laborales, incluso tomaron las instalaciones del Centro de Mando de la PF en la CDMX y nadie los reprimió, de hecho, el presidente AMLO defendió su derecho a manifestarse, no obstante, denunció que había “mano negra”, comentando que está bien que no todos entren a la GN porque no se necesitan elementos podridos. Incluso el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, acusó directamente al ex presidente Felipe Calderón de ser el autor intelectual de las protestas. Frente a la reacción de los medios y de la sociedad, la Secretaría de Seguridad instaló mesas de diálogo y negociación, señalando que no habría represalias y que serían garantizadas las prestaciones, sueldo, antigüedad y la reubicación de los que no aceptaran ser parte de la GN, comprometiéndose los policías a no bloquear calles y seguir cumpliendo con sus deberes laborales. Falta saber cuál será el resultado de las acciones de inconstitucionalidad que la CNDH presentó ante la SCJN contra las leyes de la GN, por lo que su futuro aún es incierto.
