Finalmente se definieron las fechas para realizar la consulta nacional del nuevo aeropuerto, será del 25 al 28 de octubre. Según la información se instalarán 1073 mesas de votación en 538 municipios de las 32 entidades, para abarcar supuestamente el 79% de la ciudadanía, pero irremediablemente hay muchas dudas.
Ya se ha dicho mucho sobre que es una consulta fuera de la ley constitucional, además de ser un acto realizado por un gobierno electo que no tiene atribuciones legales aún. También se percibe que la información tiene una clara tendencia en contra del proyecto del naim, ya que representa el peso de ser una obra icónica de la administración saliente.
Los opositores al gobierno de AMLO se refieren a que la consulta está manejada por el partido político que asumirá el poder en diciembre próximo, los grupos sociales que la van a organizar son redes directas de Morena, la Fundación que va a contar los votos es dirigida por un promotor cercano del gobierno electo y, finalmente, aunque hay opositores dentro de los mismos grupos morenistas, los diputados del mismo partido van a financiar dicha consulta. Lo que se podría definir como una consulta de Morena para los morenistas, llevada a cabo por las redes del partido. Ya ni modo, en un país como el nuestro esa es la tradición de la hegemonía.
Pero hay un problema muy grave que no se puede dejar a un lado porque dejaría un mal precedente: pareciera que se está aplicando aquella frase famosa de campaña, “¡Al diablo con las instituciones!”. Esta es una consulta que deja afuera a todas las instituciones que tendrían que involucrarse en el procedimiento legal, entre las que se encuentran los legisladores (quienes sólo la financiarán y no participarán oficialmente en el diseño de la pregunta), la SCJN y el INE.
Un tema muy grave es que para poder votar los ciudadanos tienen que presentar su credencial del INE, la cual tiene sus datos personales y el grupo de ciudadanos que maneja la consulta la revisará y llevará un control para evitar la duplicidad, lo que quiere decir que este grupo de ciudadanos puede anotar todos los datos confidenciales de los votantes. Si estuviéramos en un proceso electoral, sólo el INE o un partido político podría hacer esto y con fines de captar seguidores. En este caso no queda claro si son ciudadanos o si meramente es una acción partidista, pero ¿dónde queda la protección de datos?, con este ejercicio también se manda al diablo al INE, la confidencialidad y la protección de datos. De la legalidad, ya mejor ni hablemos, al parecer es un asunto que se acomoda a las necesidades.
¿Alguien podrá defendernos?
