Durante el pasado mes de septiembre salieron a la luz pública diversos escándalos de corrupción, tanto en el plano nacional como internacional, en donde estuvieron implicados diversos funcionarios de gobierno. Una situación que fue abordada de diferente manera de acuerdo a cada país; en consecuencia, esas acciones emprendidas para hacerles frente, han producido diversos resultados. Aquí me referiré a los hechos ocurridos en Guatemala y México.
En nuestro vecino país del sur, es importante destacar la acción decidida en el combate a la corrupción que condujo al desafuero, renuncia, aprensión y enjuiciamiento de su ex presidente Otto Pérez Molina, su ex vicepresidenta Roxana Baldetti y diversos funcionarios públicos. El escándalo comenzó en abril de 2015, cuando la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (organismo adscrito a Naciones Unidas), junto con la fiscalía del país, destaparon una estructura criminal de funcionarios vinculados a la Superintendencia de la Administración Tributaria, que recibía sobornos de importadores para evadir el pago de impuestos aduaneros.
La investigación conocida como “La Línea” (haciendo referencia a la línea telefónica a la cual se llamaba para concretar el fraude aduanero), se centró en la intervención de comunicaciones y el análisis de 89 mil escuchas telefónicas. En ella, se implicó al ex presidente y a la ex vicepresidenta, ya que en las mismas se referían a ellos como “el número uno y el número dos” o “los patrones o jefes de la propiedad”. Dentro de las acusaciones, se encuentran las de haber aceptado sobornos por varios millones de dólares y permitir el fraude en las aduanas guatemaltecas.
Hay que destacar 2 acciones importantes de los guatemaltecos en el combate a esta red de corrupción. Por un lado, la solicitud de apoyo a la ONU, que se tradujo en la creación de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la cual cuenta con la autonomía suficiente, con la capacidad técnica y operacional para la investigación de los actos de corrupción. Por otro, la participación ciudadana de manera organizada y unida, para mostrar el repudio al acto cometido por los principales actores políticos del país.
En el caso de México, en septiembre sucedieron situaciones que implican un ejercicio desviado del poder público. Uno de ellos es relativo a los lamentables sucesos ocurridos en Ayotzinapa. A casi un año de la desaparición forzada de los 43 normalistas y después de casi 9 meses de que el entonces Procurador General de la República Jesús Murillo Karam diera a conocer la “verdad histórica” de lo ocurrido entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, en donde según la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) los jóvenes habían sido llevados al basurero de Cocula, incinerados y luego arrojados en costales a un río de la zona.
Frente a esa versión, la conclusión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, determinó que la pira en la que supuestamente habían sido calcinados, es una historia científicamente imposible de sostener. El peritaje señala que un solo cuerpo en el basurero habría requerido 700 kilos de madera para incinerarse, 310 kilos de neumáticos y 12 horas para lograr el objetivo. En el caso de 43 cuerpos se habrían necesitado 30 mil 100 kilos de madera o 13 mil 300 kilos de neumáticos más 12 horas de combustión para lograr el objetivo.
La reacción del Gobierno Federal a las conclusiones del (GIEI), fueron la respuesta del Presidente de la República a través de su cuenta de Twitter mediante mensajes publicados entre las 14:23 y las 14:34 hrs. del 6 de septiembre, en los que menciona: “He dado indicaciones para que las investigaciones de los trágicos sucesos de Iguala tomen en cuenta los elementos aportados por el GIEI”, “El @gobmx agradece nuevamente el trabajo del. GIEI y el apoyo de la CIDH, para la investigación de estos hechos tan lamentables”, “México seguirá sumando esfuerzos en favor del Estado de Derecho y la protección de los Derecho Humanos”.
Ese mismo día, la Procuradora Arely Gómez González, en conferencia de prensa dijo, “Respecto a la información relativa al peritaje sobre los hechos específicos de la incineración en el basurero de Cocula, he instruido se atienda la propuesta contenida en el anexo ‘Informe pericial, aspectos relacionados al fuego’, referente a la necesidad absoluta de realizar una investigación de altísimo nivel con peritos con una formación y experiencia consistentes con la magnitud del problema. Por tal motivo, se solicitará la realización de un nuevo peritaje a cargo de un cuerpo colegiado de peritos forenses del más alto prestigio”.
Otro escándalo ocurrido en México, es el que involucra a la constructora OHL. Según grabaciones telefónicas difundidas en YouTube, se presume que el Presidente Enrique Peña Nieto habría recibido el pasado 6 de abril sus directivos para hablar del sistema de control y fiscalización que la empresa Infraiber pretendía instalar en las carreteras operadas por la constructora. En la reunión habrían participado Juan Miguel Villar Mir, presidente mundial de Grupo OHL; Juan Osuna, vicepresidente de concesiones; Andrés de Oteyza y Sergio Hidalgo, presidente y director general de OHL México, y Gerardo Ruiz Esparza titular de la SCT. El representante legal de Infraiber dijo, “el de OHL es un proyecto de infraestructura carretera en el Estado de México que se licitó en 2003, de 155 kilómetros, con un costo de 5 mil 500 millones de pesos, hoy tenemos sólo 110 kilómetros construidos y según OHL una inversión de más de 50 mil millones de pesos».
Hay que destacar 2
acciones importantes de los
guatemaltecos en el combate
a esta red de corrupción: la
solicitud de apoyo a la ONU
y la participación ciudadana
para mostrar el repudio al acto
cometido por los principales
actores políticos del país.
Si ya es grave la supuesta participación de funcionarios públicos, privilegiando de manera parcial intereses particulares y en un claro detrimento del interés público; más grave resultan los actos ocurridos el 7 de septiembre, cuando Paulo Diez Gargari, abogado de la empresa Infraiber, fue detenido de manera irregular por agentes de la PGR, quienes presuntamente le “sembraron” una pistola en su automóvil. Además, Diez denunció que su celular, puesto a disposición del Ministerio Público Federal, se extrajo información de sus conversaciones en Whatsapp; de ser cierta la versión, constituye una grave violación al derecho fundamental de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.
En un país como México, no se puede permitir que casos tan graves como el de Ayotzinapa se pretendan resolver con una versión que posteriormente resulte refutada y ante tal situación ordenar hacer un nuevo peritaje ahora si con peritos del más alto nivel. No se puede permitir que funcionarios públicos privilegien interese privados en detrimento del interés general. No se puede permitir que la Autoridad (cualquiera que sea), viole sistemáticamente derechos fundamentales falseando declaraciones, sembrando pruebas incriminatorias o violando comunicaciones privadas. Considero que dados los acontecimientos que se viven hoy por hoy, bien valdría la pena aprender del ejemplo de Guatemala y solicitar el apoyo de organismos internacionales para que mediante Comisiones imparciales y objetivas se realicen investigaciones profesionales, con apego al debido proceso y en justicia y estricta legalidad se combata efectivamente a la corrupción y a la impunidad.
