Mtro. Gilberto Higuera Bernal
Sub Procurador de Control Regional y Procedimientos Penales y de Amparo de la PGR
La reforma constitucional de 2008, que dio paso a la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, transformó totalmente la forma de investigar, perseguir e impartir justicia en nuestro país. El objetivo es lograr que ésta sea más expedita, breve, transparente y equitativa, entre muchas otras virtudes que se le reconocen. En la Procuraduría General de la República (PGR) se ha realizado un profundo proceso para cumplir en tiempo y forma con el mandato constitucional. Trabajo que se intensificó sobre todo durante el último año, en 2 vertientes. Uno, la capacitación especializada para todo el personal, especialmente en las 33 delegaciones de la institución, ubicadas al interior de la República, mediante el instituto de formación profesional de la propia Procuraduría. El segundo, con un programa piloto en el cual, durante 3 meses en promedio, se prepara al personal en la propia delegación en el sistema acusatorio; de modo tal que cuando llega la fecha no sólo han recibido teoría, sino también entrenamiento en el nuevo sistema.
Durante este tiempo han ocurrido en el país eventos de naturaleza legislativa interesantes. Uno de ellos es la creación de códigos de procedimientos penales por entidad para trabajar con el sistema acusatorio. Esta situación generó grandes diferencias entre una norma y otra dependiendo el estado. En un esfuerzo por lograr un consenso, en el año 2008 en el seno del Consejo Nacional para la Implementación del Sistema Procesal en la Federación, se formuló un proyecto de Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP); el cual no llegó al Poder Legislativo. Sin embargo, para el 2012 se transformó en una intención mucho más amplia que evitaría la existencia de 33 códigos procesales en México; en él se aprovechó toda esa experiencia que se vio reflejada en la integración y expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) en 2014.
Ya con el CNPP, la PGR creó una unidad para la implementación del nuevo sistema penal de manera gradual en la República mexicana; se inició en un primer momento en 2 estados; en marzo de 2015 se avanzó en otros 2; en agosto se sumaron 4 más y el 30 de noviembre del año pasado en 7 entidades más. De esta forma, en el 2016 la procuración e impartición de justicia con el CNPP se aplica en 15 estados de la federación. En tanto, ya tenemos previsto en cuáles vamos a empezar a partir del 29 de febrero. Con ello, sólo restarían 8 por determinar la fecha. En la PGR estamos obligados a terminar antes del 18 de junio del presente año. Tenemos una instrucción puntual del Presidente Enrique Peña Nieto y una indicación muy precisa de la Procuradora Arely Gómez de cumplir en el plazo establecido; estamos ante una forma de procurar e impartir justicia que es benéfica para México.
Capacitación al Interior de la PGR
El avance en la aplicación del nuevo sistema en nuestro país se ha realizado en diferentes etapas y de acuerdo a las circunstancias de la autoridad local. Para la federación, la instrucción fue hacerlo por entidad federativa para todos los delitos; algunos estados siguieron este ejemplo, aunque lo instauraron por regiones; otros únicamente lo aplicaron con algunos delitos. Una tercera opción, quizá más compleja, consistió en aplicarlo para ciertos delitos y en ciertas zonas territoriales. La PGR se ha dado a la tarea de cumplir con su responsabilidad, sin que esto signifique la erogación de recursos adicionales, se trabaja con el presupuesto que ordinariamente la institución recibe. Esto incluye la incorporación de nuevos elementos policiales, periciales y agentes del MP con la preparación suficiente. En la institución se realiza un trabajo serio, profesional con el cual la sociedad se dará cuenta de ello con los resultados obtenidos.
En lo que respecta a las delegaciones de la procuraduría en cada una de las entidades del país, se realizó una reestructuración interna, de tal forma que ahora las agencias y subdelegaciones se convierten en unidades en donde se brinda una atención inmediata para recibir las denuncias, valorar si los hechos son o no de la competencia de la PGR, es decir, del ámbito federal; se determina el inicio de una investigación para practicar ciertas diligencias, incluso para tener algunos acuerdos entre las partes. Tenemos un equipo de investigación y litigación –un área central del cambio– con el que se determina llevar la investigación de un caso ante un juez mediante una imputación y siguiendo todo el proceso de audiencias y etapas que el Código Nacional prevé. El público debe saber que ya no habrá agencias del Ministerio Público y las figuras conocidas al interior de las delegaciones.
En donde ya trabajamos con el nuevo sistema acusatorio, no existen las llamadas averiguaciones previas. Sin embargo, es preciso apuntar que los casos tramitados e investigados conforme al sistema inquisitivo siguen vigentes. Es decir, en la PGR los nuevos casos o denuncias que recibimos ya se abordan bajo el nuevo esquema; todos aquellos que ya se tenían continúan con su proceso normal hasta su término; de tal forma que la mitad del personal trabaja conforme al modelo anterior, y la otra mitad con el sistema acusatorio.
En la PGR se
realiza un trabajo
serio, profesional en
el cual la sociedad se
dará cuenta de ello
con los resultados
obtenidos.
Por otro lado, contamos con una ley que nos obliga a tener personas que hagan el trabajo de conciliación, independientemente de la cantidad de ilícitos que puedan llegar a este tipo de acuerdos. De esta manera, se da cumplimiento a la obligación de preparar protocolos y de expedir normas que explicasen la ley de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. Cabe señalar que una diferencia entre las delegaciones de la PGR y las procuradurías estatales consiste en el tipo de delitos que atienden y, por lo tanto, las posibilidades de tener acuerdo puede ser complicado. En el ámbito local, el delito con mayor incidencia es el robo, en donde evidentemente hay un denunciante y un imputado y se tiene una mayor posibilidad de lograr acuerdos. No ocurre lo mismo en el federal, en donde las transgresiones más numerosas son aquellas relacionadas contra la salud y las previstas en la ley de armas de fuego y explosivos, en los cuales no hay un interlocutor; difícilmente se puede lograr un acuerdo entre las partes; de tal forma que en la mayoría de los casos se logra una imputación ante el juez, esto gracias a los procedimientos abreviados. Es decir, la forma de terminar un proceso cuando el imputado, aceptando su responsabilidad, conviene en una pena que es conforme para todas las partes, MP, defensa y juez.
En ambos casos, los procesos concluyen con mucha prontitud. Por ejemplo, a poco más de un año de trabajar con el sistema acusatorio, sobre todo en 2 entidades, la PGR ha llevado a juicio 2 casos. Ambos en el estado de Puebla por delitos relacionados con robo de hidrocarburos y previstos en la ley federal de armas de fuego y explosivos; ambos delitos graves. Se obtuvo sentencia condenatoria, estamos apreciando la tendencia a terminar los procesos por la vía de procedimiento abreviado con lo cual se estaría cumpliendo también con los objetivos del sistema acusatorio.
Sala de Mando Ministerial: Nueva Forma de Impartir Justicia
La PGR y las procuradurías de justicia estatales en nada cambiarían la forma de investigar y combatir los delitos si continua el agente del mp sentado frente a una computadora, quien una vez que ha conocido el hecho delictuoso, decide qué diligencias practicar. Todos sabemos, sobre todo los abogados, que en la mayoría de los casos no enunciaban o enumeraban exhaustivamente las diligencias a practicar. Éstas parecían más producto de la necesidad y del impulso de las partes que de la propia dirección de la investigación, que como señala la Constitución, debe poseerla y ejercerla el agente del MP. Por eso, por instrucción de la Procuradora Arely Gómez, en esta etapa, la PGR implementa un Plan de Investigación, un programa con el cual se asegura que los agentes del MP van a realizar un plan de trabajo con cada denuncia recibida; en donde no estarán solos, porque se cuenta con la Sala de Mando Ministerial. Es un lugar en el cual el fiscal trabaja con sus peritos, con sus policías y sus analistas. Se trata de una figura nueva en la PGR, que ayuda a hacer el trabajo técnico, define cuál es el plan de investigación, cuáles diligencias practicar, cuándo practicarlas, para qué hacerlo; en qué orden e incluso, se revisa en esa misma sala, el avance de la investigación para definir nuevos cursos o líneas. Es una aportación que la Procuradora hace al sistema de procuración de justicia nacional, para llevar a cabo un trabajo de investigación más eficaz.
A lo anterior debemos añadir una figura esencial para la tarea de investigación: la del analista. Ésta es otra aportación de la PGR en la que aparece ya no sólo la clásica trilogía procesal: el agente del MP, el perito y el policía investigando delitos. Ahora aparece en la escena la figura del Analista de Información Criminal, que ayuda a todo el conjunto de investigadores en su respectivas materias a ordenar la información y a identificarla a partir de su clasificación y su procesamiento. Les apoya sobre todo en aquellos casos que son muy voluminosos y que la carga de la investigación se puede volver confusa; este tercer auxiliar del fiscal sirve de mucho para que los trabajos de investigación se agilicen.
Las Víctimas y los DH
De las grandes virtudes que presenta y ofrece a la sociedad este nuevo sistema de justicia, es la de garantizar algunos principios que los mexicanos siempre hemos exigido y que con el sistema acusatorio se materializan oportunamente. Uno de ellos es la presunción de inocencia, fundamental para que haya un debido proceso, justo, con respeto y sobre todo, un equilibrio entre las partes.
Evidentemente en las delegaciones y en las áreas de la institución como en las entidades en donde se aplica el nuevo sistema acusatorio es ya una realidad. Esto, por sí mismo ofrece un beneficio tangible a la sociedad; un ejemplo que se advierte en los estados es la reducción de casos de detenciones en flagrancia por las diversas autoridades que antes los realizaban. Es decir, el nuevo sistema garantiza el debido proceso, la presunción de inocencia y una mayor protección a la víctima de los delitos, sin que ello también menoscabe los derechos de los imputados.
El Plan de Investigación y la Sala de
Mando Ministerial, una aportación
que la Procuradora hace al sistema de
procuración de justicia nacional.
Las víctimas tienen un tratamiento distinto desde el momento en que acuden en su calidad de denunciantes o querellantes a una delegación. Reciben un trato por parte de personas que han sido preparadas para atenderlas sin afectarles más aun de lo que pudieran haber sido por el delito. Se sigue un proceso muy expedito de atención y prontitud a su denuncia, la cual ya no requiere de tantas formalidades como antaño, sobre todo escritas que al final del día representaban sólo ardides de la autoridad para no investigar. Hoy la investigación es una obligación y la atención a las víctimas significa no sólo la atención psicológica o médica que pueda requerir una víctima. La atención a su caso es ahora de manera integral.
Existe una clara tendencia a ello, hacer menos formalidades escritas y mayor transparencia y publicidad en las diligencias. En la PGR y los procuradores y fiscales de los estados, el cambio está siendo primero hacia adentro porque se requiere de una nueva actitud de nuestro personal, creo que lo estamos entendiendo todos y la sociedad es la beneficiada.
En resumen, al ser para el Presidente Peña Nieto y la Procuradora Arely Gómez una preocupación central el cumplir en tiempo con la reforma constitucional que da pie a la instauración del nuevo sistema penal acusatorio, en la PGR estamos orgullosos de ser protagonistas de un cambio tan importante para la justicia penal. Se tiene en claro que a la institución está frente a una oportunidad trascendental para mejorar su imagen frente a la sociedad y recuperar su confianza como investigadora y persecutora de delitos. La sociedad debe estar segura que disminuirán los excesos y los abusos.
