La Comisión Nacional de Derechos Humanos y su titular, Rosario Piedra Ibarra, volvieron a ser centro de controversia, debido a que colectivos feministas y de víctimas tomaron las instalaciones de la CNDH en el Centro Histórico de la CDMX. Lo que inició como una protesta se convirtió en un movimiento en diferentes sedes estatales de derechos humanos y fiscalías. Las críticas hacia las ocupantes no se hicieron esperar, pues las protestas conllevaron pintas en las instalaciones, pintas de cuadros de los próceres de la patria mostradas de cabeza “porque todo está de cabeza en este país”, señalaron las manifestantes entre reclamos de justicia para las víctimas que representan que de nuevo fueron calificadas de conservadoras. Estas acciones de nuevo polarizaron a la ya de por sí polarizada sociedad mexicana. Lo cierto es que no se puede negar que las exigencias de los colectivos son legítimas y que las promesas que fueron esperanzadoras se vuelven, una vez más, discursos vacíos en un país en el que hay más de 61,637 personas desaparecidas, según cifras oficiales. Piedra Ibarra lanzó comunicados en los que pide diálogo y que ya no hubiera daño a las instalaciones. Sin embargo, no hubo un acercamiento, hasta pasados los días en que los colectivos presentaron un pliego petitorio que la CNDH y la Segob aprobarían poco después, con el reclamo oficial que las activistas no entregaron las instalaciones. Quizá es un poco de lo que ellas sienten cada vez que se les niega el acceso a la justicia. México ahora reconoce la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU; esperamos que sea un instrumento que sí ayude a las víctimas a obtener justicia.
